La condena en segunda instancia a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner abre interrogantes sobre si iría a prisión, o se le prohibiría ejercer cargos públicos antes de la legislativas, en 2025.
La Cámara de Casación Penal de Argentina condenó este 13 de noviembre de 2024, en segunda instancia, a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión, por el delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez, sospechado de haber sido el testaferro del expresidente Néstor Kirchner. En un veredicto de 1.541 páginas, ese tribunal condenó a la expresidenta también a “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.
La primera condena fue dictada contra Cristina Fernández en 2022. Ahora, la Cámara de Casación rechazó los argumentos de las defensas, pero también los de uno de los jueces, Gustavo Hornos, que quería endurecer la condena a 12 años, y sentenciarla también por asociación ilícita, por haber sido “jefa” de una red delictiva estable que operaba desviando fondos estatales. “Un cargo bastante difícil de probar”, dice a DW Ignacio Labaqui, politólogo sénior de Medley Global Advisors.
Es la primera causa judicial en la que resulta condenada Cristina Fernández. En una publicación en X, la expresidenta argentina denunció la falta de imparcialidad de los jueces, y dijo que, como presidenta, nunca pudo haber cometido el delito por el que se la condena.
Esta condena, sin embargo, no significa que la expresidenta argentina vaya a la cárcel, porque el fallo aún no está firme y sus defensas tienen diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de la Nación.
“El sistema penal federal argentino solo permite ejecutar sentencias ‘firmes’ (art. 375 del Codigo Procesal Penal Federal) y esta no lo está por la posibilidad (que seguramente Cristina activará) de hacer el Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema. En este sentido, no hay ningún efecto, ni en sus restricciones electorales ni en sus restricciones a la libertad hasta tanto eso se resuelva”, puntualiza Gustavo Arballo, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa.
“Cristina Fernández también podría presentar un Recurso de Queja ante la Corte Suprema posteriormente, si el Recurso Extraordinario es denegado”, agrega Ignacio Labaqui.
Pero, ¿cuánto tiempo podría pasar hasta que la Corte Suprema decidiera ante un recurso extraordinario o un recurso de queja de la defensa de la expresidenta? “La Corte Suprema no se impone plazos para decidir”, explica Labaqui.
“Creo improbable que la Corte resuelva la apelación de este caso antes de las elecciones legislativas de 2025, de forma tal que podría Cristina postularse a las elecciones del próximo ciclo, en 2027”, subraya, por su parte, Gustavo Arballo.
Con él coincide Ignacio Labaqui: “En este momento, ella no tiene ningún cargo público, salvo ser presidenta del Partido Justicialista. Podría presentarse en 2025 como candidata a diputada, o por la provincia de Santa Cruz, donde tiene residencia, o por la Provincia de Buenos Aires, donde nació”.
El caso de Carlos Menem
“Por las características del caso, Cristina Fernández no va a ir a la cárcel por ahora”, explica Labaqui, y trae a cuenta el caso de la condena al expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) a siete años de prisión y a 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, en 2013, confirmada por Casación en 2017, por contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Menem, entonces de 86 años, no fue a la cárcel por contar con fueros parlamentarios al ocupar un escaño en el Senado, y murió siendo senador de la República Argentina.
“La cuestión que un jurista analiza no es si ‘Cristina es culpable o inocente’, sino ‘si con las pruebas que se vieron en el juicio, y solo por ellas, está bien la condena por el delito específico por el que se la acusó'”, clarifica Arballo.
¿Por qué en este caso no se aplicaría de inmediato una pena de prisión? “En primer lugar, la ley permite varias instancias de apelación a una condena, y no solo la ley argentina, naturalmente. En segundo lugar, se trata de una expresidenta, y dada la gravedad del hecho de que un ex jefe de Estado vaya a prisión, se supone que se deben agotar todas las instancias judiciales”, sostiene Labaqui. Y garantizar la imparcialidad de los tribunales.
“Pero sí hay políticos con cargos públicos que han estado presos, como el exministro de Planificación y Obras Públicas Julio de Vido”, puntualiza. Fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación para cargos públicos en 2017 por la causa del Accidente Ferroviario de Once, donde murieron 51 personas y 789 resultaron heridas.
También a Amado Boudou, exvicepresidente durante el Gobierno de Fernández de Kirchner (2011-2015), se le ratificó en 2018 la condena de 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo (recibir coimas) en el caso Ciccone. La Corte Suprema rechazó todos los recursos presentados por las defensas. Y se lo inhabilitó igualmente para cargos públicos de por vida. Boudou pasó por diversas modalidades de arresto, estuvo en tres oportunidades en el penal de Ezeiza y, desde abril de 2020, en prisión domiciliaria.
¿Se le podría prohibir a Cristina Fernández salir del país? “Eso, solo si hubiera riesgo de fuga”, dice Labaqui. Y, por lo que parece, no es el caso.
Tras la confirmación de la condena, el Gobierno de Javier Milei anunció que retirará la pensión que percibe la expresidenta por haber sido jefa de Estado, así como la jubilación de privilegio por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner.
¿Cristina Fernández proscripta?
¿Quedaría Cristina Fernández ‘proscripta’ políticamente? “Yo no lo llamaría en estos términos, sino que se trata de un efecto previsto por las leyes para exfuncionarios condenados, y es natural que eso esté previsto para causas de corrupción. La cuestión es qué posibilidades hay de que el sistema penal (y judicial en general) pueda dar certeza de imparcialidad y objetividad en el tratamiento de causas de corrupción y en las consecuentes condenas”, explica Arballo, experto en Derecho Constitucional.
Y continúa: “Esto se revela no solo en las decisiones finales, sino en el trámite mismo con las disputas de competencia, superposición de investigaciones, excursiones probatorias, y luego en las fases de dilación o súbito aceleramiento de causas”, aclara. Y refiere que “no es solo un tema específicamente argentino, ya que también es una historia que aparece en Brasil con Moro y el Lava Jato, y es desolador que en la persecución de la corrupción existan fallas al debido proceso que impiden dar certeza y separar culpables de inocentes”.
“Si la condena fuera firme en algún momento, si la Corte Suprema la avalara, no creo que esto termine allí. Dado que, en Argentina, el Tratado de Protección a los Derechos Humanos tiene jerarquía superior a la Constitución, y las leyes son parte de la Constitución, un fallo de la Corte Suprema, que no será seguramente en 2025, año electoral, podría llevar a presentar el caso a la Corte Interamericana de Justicia”, pronostica Ignacio Labaqui.
“Pero la condena a inhabilitar a Cristina Fernández a ejercer cargos públicos tiene su lógica si alguien que ocupa cargos públicos de alta jerarquía administra fraudulentamente”, señala. “La condena no tiene que ver sólo con castigar una falta, sino también con evitar que eso vuelva a ocurrir”.
Author: Redacción
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