Por Juan Manuel Morel Pérez
Ciudadanía RD Media

Uno de los temas que más interés ha causado de nuestra más recién obra, disponible en Amazon y en varias librerías, titulada REFLEXIONES SOBRE DERECHOS HUMAMOS, ha sido la inclusión de la difusión eréctil como causa de vulnerabilidad, ya que pocas veces, se suele abordar el tema desde la óptica de los Derechos Humanos y de la obligación de los estados a superarla o mitigarla. Además, es un tema verdaderamente innovador, no es común ver cómo las vulnerabilidades médicas pueden derivar en cuestiones sociales y legales, afectando un espectro tan amplio de derechos. Donde tiene un rol activo, los Estados que deben asumir para mitigar estas barreras, resaltando la salud como un derecho humano integral.
La disfunción eréctil, además de ser una condición médica, genera importantes vulnerabilidades que impactan directamente en el ejercicio de varios derechos humanos. Los pacientes que la `padecen, se convierten en Vulnerabilizados, debido a las barreras sociales, emocionales y estructurales que enfrentan, afectando tanto el derecho a la salud, la igualdad y no discriminación, la privacidad, el libre desarrollo de la personalidad, asi como el derecho a la familia y a los sexuales y reproductivos.
El derecho a la salud es particularmente relevante en este contexto. Las personas que padecen disfunción eréctil a menudo enfrentan dificultades para acceder a una atención médica adecuada, ya sea por falta de recursos económicos, servicios de salud insuficientes o el estigma social asociado a esta condición. Esta vulnerabilidad se traduce en una violación de su bienestar físico y mental, restringiendo el acceso a tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida.
Por otra parte, el derecho a la igualdad y no discriminación también se ve comprometido. El estigma que rodea la disfunción eréctil perpetúa prejuicios y prácticas discriminatorias que afectan tanto la vida personal como la profesional de quienes la padecen. Esto refuerza la exclusión social y dificulta la búsqueda de apoyo médico y emocional, prolongando el impacto negativo de esta condición. El derecho a la privacidad se vulnera cuando las personas afectadas sienten temor de que su condición sea tratada de manera irrespetuosa o divulgada sin su consentimiento. Este temor contribuye al silencio y al aislamiento, limitando aún más las posibilidades de buscar ayuda.
Además, la disfunción eréctil interfiere con el libre desarrollo de la personalidad y la vida familiar, dado que puede afectar la autoestima y generar tensiones en las relaciones de pareja. Estos efectos pueden repercutir profundamente en la estabilidad emocional y social de las personas afectadas.
En este marco, los Estados tienen la obligación de asumir un papel activo y comprometido para mitigar estas vulnerabilidades. Promover la asistencia integral a los pacientes de disfunción eréctil debe ser una prioridad en las políticas públicas. Esto incluye garantizar acceso equitativo a tratamientos médicos, apoyo psicológico y campañas educativas sobre salud sexual para reducir el estigma social.
Es imprescindible que los sistemas de salud incluyan la atención a esta condición en sus programas y servicios, asegurando la provisión de medicamentos, terapias y procedimientos necesarios. También es fundamental capacitar a los profesionales de la medicina para que aborden esta temática de forma respetuosa y ética, proporcionando a los pacientes un espacio seguro para expresar sus preocupaciones y buscar soluciones. Asimismo, el Estado debe liderar campañas de concientización y educación pública que normalicen las conversaciones sobre salud sexual y promuevan la comprensión empática de la disfunción eréctil. Estas acciones no solo reducirán las barreras para quienes necesitan apoyo, sino que también contribuirán al fortalecimiento de una sociedad más inclusiva y equitativa.
La disfunción eréctil como una causa de vulnerabilidad, afecta el ejercicio pleno de los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas que garanticen la asistencia integral a quienes padecen esta condición, eliminando obstáculos estructurales y promoviendo un enfoque centrado en la equidad y el respeto. Este compromiso es esencial para construir una sociedad donde todos puedan ejercer sus derechos plenamente, independientemente de su condición de salud.