Por Alexander Zapata
Ciudadanía RD Media
Quiero comenzar expresando mis más sinceras condolencias a las familias afectadas por la terrible tragedia ocurrida en el establecimiento Jet Set. Que Dios les conceda paz a las almas de las víctimas y fortaleza a sus seres queridos.
A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de emprender y abrir negocios en diversos estados de los Estados Unidos. Me crie en Massachusetts, donde di mis primeros pasos como empresario, y más adelante me establecí en la Florida, donde fundé una academia de béisbol para niños en la ciudad donde actualmente resido. En ambos estados, atravesé extensos y exigentes procesos para poder abrir legalmente las puertas de mis negocios.
Recuerdo que, en Florida, al firmar el contrato de arrendamiento de un edificio previamente clasificado como almacén, me tomó ocho meses completar todos los trámites necesarios para cambiar el uso de suelo y obtener las licencias requeridas. Ocho meses de inspecciones, reuniones con funcionarios municipales, más inspecciones, ajustes, nuevos requisitos, y más reuniones. Todo con el único objetivo de cumplir con las normativas de seguridad y proteger tanto a mis empleados como a mis futuros clientes.
Por eso, al ver lo ocurrido en nuestra amada Quisqueya, no puedo evitar preguntarme: ¿quién autorizó las reparaciones y remodelaciones en un lugar que terminó cobrando la vida de más de 200 personas? ¿Dónde estaban las inspecciones? ¿Dónde estaba el cumplimiento riguroso de los protocolos?
Según lo estipulado por las normativas dominicanas, este debería ser el proceso mínimo requerido para reabrir un negocio después de un incendio o desastre en Santo Domingo:
- Evaluación y Restauración de la Infraestructura: Se debe contratar a profesionales certificados para inspeccionar y reparar los sistemas eléctricos, de plomería y ventilación. Es esencial que todas las instalaciones estén operando correctamente antes de reanudar actividades.
- Obtención de Permisos de Construcción y Reapertura: Si las reparaciones son estructurales, es obligatorio gestionar los permisos ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
- Certificación de Seguridad Contra Incendios: Es imperativo cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Protección contra Incendios vigente.
- Cumplimiento de Normativas Laborales: Las condiciones de trabajo deben regirse bajo el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Además, es lógico asumir que durante y después del proceso de reapertura deben realizarse inspecciones periódicas. Un simple ascensor, que transporta a 5 o 6 personas, requiere inspecciones anuales. ¿Cómo es posible que un establecimiento con capacidad para albergar a cientos de personas no esté sujeto a un protocolo aún más riguroso? O peor aún, ¿será que alguien “miró hacia otro lado” por cinco mil pesos? No estoy acusando a nadie en particular, pero en un país donde el “si me das tanto, deja eso así” se ha normalizado, es una pregunta que debemos hacernos con seriedad.
¿Quién tiene más culpa? ¿El empresario que ofrece el soborno o el funcionario público que, habiendo jurado servir a la ciudadanía, acepta el soborno y pone en peligro vidas humanas?
He visto que gran parte de las acusaciones recaen sobre el dueño del establecimiento. Y aunque él tiene responsabilidad directa —pues es su empresa—, esta tragedia es el resultado de una cadena de negligencias. Desde el inspector que firmó la autorización hasta los supervisores que lo avalaron, todos deben ser investigados y, de encontrarse culpables, enfrentar las consecuencias legales.
No podemos esperar a que ocurra una nueva tragedia. Utilicemos esta dolorosa experiencia como una lección. En inglés hay un refrán que dice “Heads will roll”, que significa literalmente “Rodarán cabezas”, es decir, personas serán destituidas o forzadas a renunciar. Esperemos que esta vez eso no sea una simple expresión sin consecuencias reales.
El pueblo dominicano exige justicia. Justicia por las víctimas, y justicia por el futuro de una nación que no puede seguir siendo rehén de la corrupción, la negligencia y la indiferencia institucional.
Author: CRDMedia
CRDMedia es un medio digital de comunicación en República Dominicana, comprometido con la defensa de los derechos de los ciudadanos.