Por Juan Manuel Morel Pérez
Ciudadanía RD Media

La reforma policial en la República Dominicana es un imperativo nacional, al cual toda la sociedad se ha sumado. Sin embargo, su viabilidad está en peligro debido a la descomposición institucional del Instituto Policial de Educación Superior (IPES). Lo que debería ser un pilar de excelencia y rigor académico, como lo concibieron sus creadores Raúl Almonte Lluberes, Ruddy Moquete Méndez, mi padrino y mentor, Julio
César Lorenzo Campusano y el maestro Peguero Mentor, se ha convertido en un teatro de simulación y tráfico de favores, socavando cualquier posibilidad real de transformación.
La gestión del actual rector, junto con la vicerrectora académica y el director de la Escuela de Altos Estudios Policiales, ha permitido la consolidación de prácticas donde la complacencia y el compadreo han desplazado el mérito y la ética. Este grupo, constituido en un conciliábulo similar a una mafia, ha convertido la formación policial en una farsa, donde se gradúan discentes sin asegurar competencias reales, se presiona
a docentes para aprobar estudiantes sin mérito y se promueve una cultura del plagio como sustituto del estudio serio.
El deterioro del IPES no es un problema aislado, sino un síntoma de una crisis
institucional más profunda. La deformación del propósito inicial de la educación policial ha convertido la enseñanza en una simple formalidad administrativa, priorizando las
apariencias de catidad de números de graduados sobre la verdadera capacitación. Esto no solo afecta la profesionalización de los cuerpos policiales, sino que también compromete la confianza de la ciudadanía en quienes deben garantizar la seguridad pública.
El impacto de esta crisis educativa no se limita a las aulas del IPES. Cada oficial que egresa de un sistema, como el que están prohijando, antiético y que no se preocupa por formar sino por “pasar”, es una amenaza latente para la sociedad. Policías mal preparados, sin formación crítica ni ética, reproducen patrones de abuso, improvisación y negligencia y comportamientos antiéticos, en el ejercicio de sus funciones. La falta de rigor académico se traduce en procedimientos deficientes, violaciones de derechos fundamentales y un servicio policial alejado de los estándares internacionales.
El actual modelo educativo de la escuela de altos estudios policiales del IPES es un obstáculo para la reforma policial, no es posible una transformación real si la base sobre la que se sustenta sigue siendo el tráfico de influencias y la incompetencia.
La realidad es que los policías se gradúan sin las competencias necesarias, y la
ciudadanía paga las consecuencias.
Las autoridades del IPES han demostrado su incapacidad —y falta de voluntad— para erradicar el fraude y recuperar la transparencia en la formación policial, convirtiendo la transformación de la educación de los oficiales superiores en un montaje sin impacto
real.
Para rescatar la reforma policial, se hace impostergable la destitución inmediata del rector, la vicerrectora académica y el director de la Escuela de Altos Estudios Policiales. No puede haber transformación mientras estas figuras continúen administrando un sistema diseñado para beneficiar a los incompetentes y castigar la
excelencia.
El IPES debe ser reestructurado y sometido a auditorías exhaustivas, que impliquen una revisión profunda de los títulos otorgados bajo esta gestión. La expulsión de prácticas fraudulentas y la implementación de criterios estrictos de formación deben ser prioritarios. Se requiere un nuevo liderazgo académico comprometido con el mérito y la ética, que no negocie la seguridad pública con favores administrativos.
La reforma policial no puede limitarse a discursos y medidas cosméticas, sino que debe ser una transformación integral que incluya un cambio estructural en la educación, la evaluación de competencias y la ética institucional. Sin estos elementos, cualquier intento de modernización será solo una fachada sin impacto real.
La ciudadanía no necesita cifras de graduados, sino policías con formación real, principios éticos y competencias. La permanencia de Delgado Agramonte, Valdez Liranzo y Rosario Fortuna en el IPES es una amenaza para la reforma policial.
La reforma policial debe comenzar con la erradicación de la corrupción en la formación académica, eliminando prácticas que normalizan el fraude y la mediocridad. Sin una educación transparente, rigurosa y basada en el mérito, los cuerpos policiales seguirán siendo cómplices de la crisis institucional en lugar de agentes de cambio.
La seguridad pública es demasiado importante por lo que la formación de los policías debe ser exigente, íntegra y orientada a resultados reales, garantizando que cada oficial que egrese del sistema educativo esté capacitado para servir con eficiencia y honor, pudiendo proteger y servir