Caracas , Venezuela. – La indignación crece dentro y fuera de Venezuela tras conocerse la condena de 10 años de prisión impuesta a Merlys Oropeza, una joven detenida por publicar un estado en WhatsApp en el que criticaba a la jefa del Consejo Comunal chavista, pocos días después de las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024.
Merlys fue arrestada el 9 de agosto, apenas once días después de que se denunciaran irregularidades electorales que empañaron el proceso y provocaron protestas en diversas regiones del país. Su mensaje, según fuentes cercanas al caso, expresaba su descontento con el liderazgo local y las supuestas maniobras del oficialismo durante los comicios.
“Ya no me quedan fuerzas”, habría dicho Merlys entre lágrimas durante una de sus últimas audiencias, una frase que ahora circula como símbolo del desgaste emocional y judicial que sufre por un acto considerado por muchos como una forma de libre expresión.
Organizaciones de derechos humanos, juristas y activistas han calificado la sentencia como “desproporcionada, politizada y alarmante”, afirmando que “una publicación en redes privadas no puede considerarse delito de odio ni justificar años tras las rejas”.
El caso de Merlys pone nuevamente en la mira el uso del aparato judicial como instrumento de represión política, y ha reactivado el debate sobre los límites del poder comunal, la vigilancia digital y la libertad de opinión en un país cada vez más polarizado.
Desde distintas plataformas digitales y movimientos sociales se exige su liberación inmediata y la revisión urgente de una condena que, más allá del impacto personal, representa una amenaza abierta contra la expresión ciudadana en entornos digitales.
“Ningún mensaje justifica una década de encierro. Es el silencio forzado lo que atenta contra el país que queremos construir.”
Author: Redacción
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