Por Juan Manuel Morel Pérez
Ciudadanía RD Media
En el contexto de una sociedad que exige instituciones más transparentes, éticas y comprometidas con el bien común, la educación policial debería ser uno de los pilares fundamentales para garantizar una transformación real del aparato de seguridad pública. Sin embargo, cuando la formación de los futuros agentes del orden se ve contaminada por prácticas fraudulentas, favoritismos y redes de complicidad institucional, la reforma se convierte en simulacro. Lo expreso desde la experiencia directa: el Instituto Policial de Educación Superior (IPES) ha traicionado los principios que dice defender, convirtiéndose en un espacio donde la integridad académica es sistemáticamente socavada.
El primer síntoma de esta crisis estructural se manifestó en la promoción de la deshonestidad académica en estos tiempos de la cultura del “copy and paste” y del uso indiscriminado de inteligencia artificial. En el IPES —particularmente en la Escuela de Altos Estudios Policiales— el plagio en las investigaciones académicas no es la excepción, es la norma. Allí se les pide a los docentes que no sean rigurosos con la honestidad, y se les advierte que “el IPES se promueve a través de sus estudiantes”. Es decir, la consigna es clara: aprueben, aunque no aprendan.
Ese patrón se repite en múltiples ocasiones. La presión institucional que se ejerce para aprobar estudiantes sin competencias reales es constante y descarada. La mediocridad se institucionaliza, y la excelencia se convierte en un estorbo.
Lo más alarmante no es la existencia de irregularidades aisladas, sino la consolidación de una estructura de complicidad que opera desde las más altas esferas del IPES. El rector, la vicerrectora académica, el director de la Escuela de Altos Estudios Policiales, la subdirectora y la coordinadora académica no solo conocen estas prácticas: las permiten, las promueven y las encubren con total impunidad.
Pero lo más grave es que miembros de la Junta Directiva del IPES también tienen pleno conocimiento de estas irregularidades y otras faltas aún más seria y no pasa absolutamente nada
Esta red puede entenderse simbólicamente como los “diez jinetes del apocalipsis académico”: cinco actores institucionales y cinco prácticas destructivas. Entre estas últimas se encuentran el fraude académico, el tráfico de influencias, la deshonestidad académica, la deshonestidad institucional y la complicidad sistémica. Juntas, estas fuerzas han erosionado los principios de mérito, justicia y transparencia que deberían guiar la formación policial. Lo que debería ser una escuela de excelencia se ha convertido en, una verdadera mafia educativa.
Quienes se niegan a participar en esta simulación son rápidamente apartados de la planta docente, con el argumento de que “no tienen metodología para lidiar con estudiantes”. En realidad, lo que no tenemos es falta de principios para ser cómplices.
En agosto, tras reprobar a siete estudiantes en geopolítica, se me solicitó su aprobación por conveniencia institucional. Al negarme, fui etiquetado como “rosca izquierda” y posteriormente excluido de futuras asignaciones docentes. Cuando cuatro de esos estudiantes volvieron a reprobar el examen extraordinario, el actual director de la Escuela de Altos Estudios me pidió que les repitiera la prueba, violando el reglamento. Mi negativa fue respondida con represalias. Así opera esta mafia académica: si no te alineas, te eliminan.
Este tipo de persecución no es anecdótica: es estructural. La integridad se castiga. La complacencia se premia. La educación se convierte en una fachada para legitimar la cantidad de graduados, sin importar la calidad de su formación. Se gradúan oficiales sin competencias, sin ética, sin compromiso con la ciudadanía. Y luego nos preguntamos por qué la policía no cambia.
Recientemente inicié un proceso de hábeas data contra el IPES, por un conjunto de datos omitidos en el Consejo Académico. Renuncié a las asignaturas que impartía, no por falta de vocación, sino por dignidad. Es bueno que sea de conocimiento público que en los diplomados del IPES no se paga lo que se promete. Aunque afirman que pagan a mil pesos la hora, eso es otra mentira institucional más.
Esa acción de hábeas data no busca venganza, sino transparencia. Exige conocer cómo se han manipulado datos y violado mis derechos como docente. Porque el derecho a la verdad es también una forma de resistencia frente a la opacidad institucional de esta mafia académica que opera como un cartel de simulación educativa.
A petición de un colega docente, antes de depositar esa acción ante el Tribunal Superior Administrativo, acudí varias veces al IPES en busca de respuestas a mi solicitud de corrección de acta del Consejo Académico Superior.
El rector no estaba.
Nadie supo decir si se encontraba en compromisos oficiales o de vacaciones. Y si eran vacaciones, nadie pudo confirmar si eran voluntarias o forzadas. Esa ausencia, ese silencio, ese vacío institucional, deja mucho que desear. Volveré dentro de 30 días al IPES, pero ya con audiencia fijada. Esta vez, no iré a pedir explicaciones: iré a exigir justicia.
Finalmente, creo que la educación policial no puede construirse sobre el engaño. La sociedad merece una policía formada con rigor, con ética, con verdad. Lo que ocurre en el IPES no es una simple desviación administrativa: es una traición a la reforma, una amenaza a la seguridad pública y una afrenta a la dignidad profesional.
La dignidad no se negocia. La integridad no se vende. Y la verdad, aunque incómoda, siempre encuentra su camino.
La historia no termina aquí.
Ojalá que los tomadores de decisiones actúen y se derogue el decreto 174-24, y se disponga la destitución del rector y la vicerrectora académica, y que el mando resuelva la remoción inmediata del director, la subdirectora y la coordinadora académica de la Escuela de Altos Estudios Policiales. Solo así se hará justicia. Solo así podrá comenzar una verdadera reforma.
Author: CRDMedia
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