Santo Domingo, RD. — El abogado Leandro Tavera ha solicitado públicamente al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, que aclare la supuesta adquisición de una propiedad de lujo en Estados Unidos, valorada en más de US$1 millón, que no figura en su declaración jurada de bienes como funcionario público.
La vivienda, ubicada en Weston, Florida, aparece listada en portales especializados como Realtor.com y Zillow.com, con un valor actual estimado de US$1,078,613, lo que equivale a más de RD$65 millones. Según Tavera, el historial de la propiedad puede verificarse fácilmente en línea, lo que refuerza la necesidad de una explicación oficial por parte del funcionario.
El caso ha generado inquietud en sectores jurídicos y ciudadanos, especialmente porque Morrison ocupa una posición de alta responsabilidad en el Estado y ha sido promotor de políticas de transparencia. La compra habría sido realizada en agosto de 2021, cuando Morrison se desempeñaba como administrador general de EDESUR, y posteriormente transferida a una empresa registrada en Delaware, una jurisdicción conocida por su protección de identidad corporativa.
Aunque el uso de compañías offshore para adquirir bienes no es ilegal per se, la omisión de activos en una declaración jurada sí lo es, según la Ley 311-14, que establece penas de hasta 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito y falsedad patrimonial.
Además, documentos públicos revelan que la propiedad sigue vinculada a Morrison y su esposa, Davidia del Carmen Jiménez, a través de un gravamen civil emitido en febrero de 2025 por la empresa 911 Mold Testing LLC, lo que indicaría que aún ejercen dominio sobre el inmueble.
Diversos sectores han comenzado a exigir que la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Cámara de Cuentas inicien una investigación formal sobre el caso. La ciudadanía espera respuestas claras ante lo que podría constituir un caso de ocultamiento patrimonial y posible lavado de activos, si se confirma que los fondos utilizados no corresponden al nivel salarial del funcionario.
Este escándalo se suma a otras denuncias sobre contrataciones irregulares durante la gestión de Morrison en EDESUR e INTRANT, lo que ha encendido las alarmas sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en la administración pública dominicana.
Author: Redacción
CRDMedia es un medio digital de comunicación en República Dominicana, comprometido con la defensa de los derechos de los ciudadanos.