Santo Domingo, RD.–El Ministerio Público puso en marcha lo que denominó «operación Lobo«, contra una presunta estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).
Las imputaciones
Asociación de malhechores, estafa y lavado de activos, marcan los señalamientos del Ministerio Público (MP) contra las 10 personas y cuatro empresas en la denominada operación Lobo, con la que el órgano acusador desmanteló una pregunta red que «drenaba los fondos» del Estado.
Al momento en el cual se encuentra la investigación, el Ministerio Público, tiene identificado como investigados tanto personas físicas como jurídicas, Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Andrés Pacheco Varela.
También, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Wellington Peralta Santos,
Luis Ernesto Vicioso Bocio, Ramón Quezada Ortiz, Carlos Ambrosio Robles Diaz, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, Elías Caamaño Pérez, Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), Razón Social Safeco Corredores y Consultores
de Seguros SRL, Razón Social El Niño Prodigio EIRL, Razón Social Magesty Waste & Recycling Company SA, Razón Social Magesty Recycling SRL, Razón Social.
Contra ellos, el MP está solicitando prisón preventiva. Los encartados, 10 oficiales, activos y retirados, son señalados pertenecer a una supuesta red criminal que operaba desde el año 2012 (hasta enero de 2025) y que llegó a recibir en sobornos más de 108 millones de pesos en diferentes entidades estatales, según la solicitud de medida de coerción.
Author: CRDMedia
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