Por Billy Graham
CRDmedia

En la República Dominicana, cuando se habla de educación, el discurso suele girar en torno a las carencias. Se señalan la mala administración gubernamental, la falta de aulas, los retrasos en la entrega de uniformes y los múltiples problemas que afectan el funcionamiento del sistema. Estas deficiencias son reales y han sido ampliamente documentadas, pero detenernos únicamente en ellas no genera soluciones. Reconocer lo que falta es importante; sin embargo, insistir en el diagnóstico sin pasar a la acción puede convertirse en un círculo estéril que impide avanzar.
Ante esta realidad, se hace necesario mirar más allá de las deficiencias y replantear la educación como una responsabilidad compartida. El sistema no se sostiene únicamente en las estructuras gubernamentales; también depende de la comunidad que lo habita y lo nutre. Padres, madres, maestros, estudiantes, directivos y líderes comunitarios forman parte de una red de actores que, si asumen de manera consciente su rol, pueden transformar significativamente la experiencia educativa.
Esto no significa minimizar el papel del Estado. El gobierno tiene la obligación de garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa. Sin embargo, la participación activa de la comunidad educativa resulta fundamental para acompañar, fortalecer y, en muchos casos, suplir lo que el aparato estatal no alcanza a resolver. La corresponsabilidad es, en este sentido, una condición necesaria para mejorar la calidad de la educación.
La experiencia cotidiana en las escuelas dominicanas muestra que los cambios más significativos suelen darse cuando las familias se involucran en el proceso de aprendizaje de sus hijos; cuando los maestros, a pesar de las limitaciones, ejercen su vocación con compromiso y ética; y cuando la comunidad percibe a la escuela como un espacio colectivo que merece apoyo y cuidado. La suma de estos esfuerzos tiene un impacto directo en los estudiantes, quienes deben ser siempre el centro del sistema educativo y los principales beneficiarios de cada acción.
Resulta urgente cambiar la narrativa. No basta con señalar las deficiencias ni esperar soluciones externas. La educación debe ser asumida como un proyecto común que requiere organización, compromiso y trabajo colaborativo. Solo a partir de esta perspectiva será posible revertir los indicadores negativos que por décadas han marcado a la educación dominicana.
Mirar más allá de las carencias no implica ignorarlas, sino reconocer que, mientras exigimos el cumplimiento de las responsabilidades estatales, también tenemos la capacidad y la obligación de actuar desde la comunidad. La educación de nuestros niños y jóvenes no puede esperar. Es una tarea de todos y, sobre todo, una inversión en el presente y el futuro de la nación.