Santiago, RD-Mientras este jueves, otros 20 estudiantes del Centro Educativo Ana Celeste Fernández, en la comunidad de La Guama, de San Francisco de Macorís, resultaron intoxicados por la misma situación.
Una psicóloga de la Escuela Laboral Fidelina Reyes del municipio de Mao permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos de un centro de salud de esa ciudad, luego de las intoxicaciones producidas por pesticidas el pasado miércoles que afectaron al menos 14 estudiantes.
Mientras este jueves, otros 20 estudiantes del Centro Educativo Ana Celeste Fernández, en la comunidad de La Guama, de San Francisco de Macorís, resultaron intoxicados por la misma situación.
De este último grupo, en unos audiovisuales que llegaron a los medios de comunicación , se observan varias ambulancias llegar a las instalaciones del centro educativo, para asistir a los alumnos que en su mayoría, sufrieron desmayos y mareos.
Una madre que llegó a la escuela a buscar a su hija, indicó que el olor a veneno se siente mucho en el área y que se debe hacer algo al respecto.
Esta no es una situación nueva en San Francisco de Macorís. “Cada año escolar, cientos de niños se ven afectados de manera recurrente por esta práctica agrícola, que expone de manera directa su salud y vulnera un derecho fundamental: recibir educación en un ambiente sano y seguro”, establece la Asociación Dominicana de Profes ores(ADP) en esta demarcación.
Explicaron que desde la ADP no van a permitir, bajo ninguna circunstancia, que hechos de esta naturaleza continúen agravando la salud de los estudiantes y, con ello, golpeando económicamente a las familias que ya cargan con múltiples dificultades.
“No queremos pensar que las autoridades gubernamentales estén esperando que ocurra una tragedia con la pérdida de una vida humana para luego aparecer con su acostumbrada actitud populista, intentando tomar medidas tardías con el propósito de exhibirse como “salvadores” frente a la sociedad dominicana”, puntualiza la institución en un comunicado.
Y agrega que la prevención no puede esperar, “las medidas deben tomarse ahora, cuando aún es posible evitar consecuencias mayores”, señalan en el comunicado.
Hicieron hincapié en que son años los que llevan demandando que el tren gubernamental ponga el oído en el corazón de estas comunidades.
Dijeron que si bien es cierto que en ocasiones se han emitido disposiciones que regulan la aplicación de agroquímicos y pesticidas en entornos escolares, también la realidad demuestra que no existe un régimen efectivo de consecuencias, y si lo hubiera, no hay voluntad ni mecanismos claros para aplicarlo.
“La salud y la vida de la niñez dominicana no pueden seguir supeditadas a intereses económicos ni a la negligencia de quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes”, indicó el presidente de la ADP allí, Robert Frías.
“Si de verdad se quiere hablar de compromiso con la educación, este debe comenzar garantizando entornos libres de riesgos, donde cada estudiante pueda aprender sin miedo, sin intoxicaciones y sin que su derecho más sagrado —el de vivir— se ponga en peligro”, agregó.
Author: CRDMedia
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