Santo Domingo, RD. – Después de 96 días de su aprobación definitiva en el Congreso Nacional, el Senado de la República Dominicana finalmente completó el envío de la modificación a la Ley 225-20, que regula la Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos, al Poder Ejecutivo.
La confirmación del despacho se reflejó en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Cámara Alta, indicando que el documento fue remitido a la consultoría jurídica del Gobierno. Esto activa el plazo constitucional de 5 días para que el presidente Luis Abinader promulgue u observe la ley, según lo estipulado en el artículo 102 de la Constitución, aplicable a leyes aprobadas bajo declaración de urgencia.
El proceso legislativo estuvo marcado por tensiones públicas entre el presidente Abinader y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quienes se responsabilizaban mutuamente por el retraso. El mandatario había anunciado el 28 de julio su intención de presentar observaciones a la ley, a pesar de no haberla recibido formalmente. Por su parte, De los Santos alegó el 11 de agosto que estaba esperando dichas observaciones para cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 101 de la Carta Magna.
La situación se tornó más compleja cuando, el 1 de septiembre, Abinader declaró que el Senado aún tenía la ley en su poder, mientras De los Santos insistía en que el retraso respondía a la necesidad de consenso con sectores vinculados a la implementación de la normativa.
Además, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Juan Medina, atribuyó la “retranca” al sector empresarial, que según él, se resistía a asumir el pago de contribuciones establecidas en la ley para el tratamiento de residuos. “Aquí nadie quiere pagar”, afirmó, señalando que algunas empresas debían aportar más de 600 mil pesos anuales.
La Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) también criticó el retraso, acusando al Senado de tener la ley “secuestrada”, y recordando que el reglamento interno establece un plazo máximo de 15 días para remitir leyes aprobadas al Poder Ejecutivo.
Con el envío finalmente realizado, la atención se centra ahora en la decisión del presidente Abinader: promulgar la ley o devolverla con observaciones. En cualquier caso, el debate sobre la gestión de residuos sólidos y la responsabilidad empresarial sigue siendo un tema clave para el desarrollo sostenible del país.
Author: Redacción
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