El acceso al espacio se ha ‘democratizado’ y, por primera vez, agentes no estatales podrían usarlo para lanzar ataques globales. No estamos preparados para hacer frente a esta creciente amenaza.
Antaño relegada al ámbito de la ciencia ficción, la idea de la actividad terrorista en el espacio es ahora una preocupación creciente entre los expertos
La democratización del espacio no solo ha abierto la puerta a la innovación, sino también a la vulnerabilidad. Es posible que los marcos jurídicos actuales no estén preparados para responder.
Durante la última década, la proliferación de empresas espaciales comerciales y la reducción de los costes de desarrollo de la tecnología de satélites han rebajado drásticamente las barrerasde entrada a la “navegación espacial”.
Este cambio ha dado poder no solo a los gobiernos, sino también a las corporaciones privadas y, de forma alarmante, a los actores no estatales.
Grupos e individuos antes considerados insignificantes en el ámbito de la seguridad espacial son ahora capaces de lanzar ciberataques contra satélites y estaciones terrestres.
En marzo de 2022, Network Battalion (NB65), un grupo afiliado a Anonymous, presuntamente pirateó la agencia espacial civil rusa Roscosmos en protesta por la invasión rusa de Ucrania.
El grupo reivindicó el control de varios satélites, lo que llevó al jefe de Roscosmos, Dmitri Rogozin, a declarar que inutilizar los satélites de otro país podría considerarse un ‘casus belli’, un motivo par declarar la guerra.
Aunque causó daños mínimos, el incidente subraya una tendencia más amplia: la creciente capacidad de los actores no estatales para perturbar la infraestructura espacial. También plantea cuestiones urgentes sobre la rendición de cuentas, la jurisdicción y la idoneidad del derecho internacional.
Vacío legal en el cosmos
El derecho espacial internacional, anclado en el Tratado sobre el espacio exterior de 1967, se elaboró en una época en la que solo un puñado de Estados tenía acceso a la órbita.
El tratado hace hincapié en la exploración y la cooperación pacíficas, y establece que las actividades en el espacio deben ajustarse a la Carta de las Naciones Unidas y promover la paz internacional. Sin embargo, carece de disposiciones explícitas que aborden el terrorismo o las acciones de entidades no estatales.
El artículo VI del tratado responsabiliza a los Estados de las actividades nacionales en el espacio, ya sean realizadas por organismos gubernamentales o por entidades privadas. Pero no define las entidades no gubernamentales ni esboza mecanismos para su aplicación.
Esta ambigüedad deja un enorme vacío en la arquitectura jurídica, sobre todo a medida que las empresas privadas asumen cada vez más funciones antes reservadas a las agencias espaciales nacionales.
El Convenio sobre la Responsabilidad de 1972 ofrece algún recurso para los daños causados por objetos espaciales. Pero también se centra en los actores estatales y no contempla los ataques por motivos ideológicos de grupos o individuos malintencionados.
Uno de los retos más acuciantes a la hora de abordar el terrorismo espacial es la falta de una definición coherente.
Las definiciones tradicionales de terrorismo hacen hincapié en la intención de coaccionar a un Estado para que actúe o se abstenga de actuar mediante la violencia. Pero, ¿cómo se traduce esto en el ámbito orbital?
Algunos expertos proponen definir el terrorismo espacial como la destrucción por motivos ideológicos dirigida contra la industria espacial. Su definición capta la dimensión económica, pero omite los aspectos de seguridad nacional exclusivos del espacio.
Sin una definición exhaustiva, los actos que van desde las intrusiones cibernéticas hasta los ataques físicos a los satélites corren el riesgo de ser clasificados erróneamente o de pasarse por alto por completo.
Precedentes históricos y amenazas emergentes
Aunque poco divulgado, el terrorismo espacial no es un fenómeno nuevo. En 1999, el satélite militar británico Skynet fue presuntamente objetivo de piratas informáticos que exigían un rescate.
Aunque el Ministerio de Defensa se mantuvo hermético, los informes sugerían que los canales de comunicación se vieron comprometidos, lo que apuntaba a una sofisticada violación de la seguridad nacional.
Más recientemente, Rusia ha sido acusada de interferir persistentemente los satélites del Reino Unido. Esta táctica perturba las comunicaciones y plantea graves riesgos para las operaciones tanto civiles como militares.
Estos incidentes han intensificado la preocupación de que los ataques a los satélites —ya sea mediante pirateo, interferencias o destrucción física— se vuelvan más frecuentes y sofisticados en los próximos años.
A medida que los sistemas espaciales se integran más con las infraestructuras terrestres, dando soporte a todo, desde las telecomunicaciones hasta la navegación, lo que está en juego crece exponencialmente. Los expertos advierten que en la próxima década podría producirse un aumento de los ataques por motivos ideológicos contra los satélites, con consecuencias devastadoras para la seguridad y el comercio mundiales.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA) solo ha empezado a abordar recientemente las amenazas a la seguridad espacial. Pero sin un marco jurídico específico, los esfuerzos siguen estando fragmentados.
Una vía sería desarrollar medidas de transparencia y fomento de la confianza para cultivar la confianza y la cooperación entre los actores estatales y no estatales. Pero los acuerdos de intercambio de datos siguen siendo difíciles de negociar debido a las preocupaciones de seguridad nacional.
Las futuras investigaciones deben explorar cómo la UNOOSA puede ayudar a los Estados a elaborar leyes nacionales que aborden el terrorismo espacial. Esto incluye definir qué constituye un acto de terrorismo en el espacio, establecer protocolos para la notificación de incidentes y determinar la responsabilidad por los ataques a infraestructuras comerciales y civiles.
El terrorismo espacial ya no es una preocupación teórica. Es una amenaza tangible con implicaciones en el mundo real. A medida que se desdibuja la línea que separa a los actores estatales de los no estatales, y que las empresas privadas asumen un papel cada vez más importante en la exploración espacial, se hace crítica la necesidad de un marco jurídico sólido y adaptable.
La cuestión ya no es si se producirá el terrorismo espacial, sino cómo responderá la comunidad internacional cuando ocurra. Sin unas normas claras, unos mecanismos de rendición de cuentas y unas estrategias de cooperación, la humanidad corre el riesgo de convertir la última frontera en el próximo campo de batalla.
El Confidencial
Author: Redacción
CRDMedia es un medio digital de comunicación en República Dominicana, comprometido con la defensa de los derechos de los ciudadanos.