Por Redacción
CRDmedia
Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada el pasado 14 de noviembre. (FUENTE EXTERNA).
La muerte de la estudiante haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida en el Instituto Leonardo Da Vinci de Santiago, ha generado una profunda consternación en la sociedad dominicana. Sin embargo, más allá del dolor por la tragedia, lo que hoy se cuestiona es el proceder del Ministerio Público, cuyas acciones parecen más encaminadas a dar un golpe de efecto que a esclarecer la verdad.
El apresamiento de cuatro miembros del equipo directivo y administrativo del colegio —Yris del Carmen Reyes Adames, Gisela González, Francisca Josefina Tavares Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel— bajo la acusación de “homicidio involuntario” ha levantado sospechas. La ciudadanía se pregunta: ¿dónde están las pruebas concretas que justifiquen estas detenciones?
Hasta el momento, los videos que supuestamente evidencian negligencia extrema no han sido presentados públicamente. En cambio, se ha optado por cortar “por lo más flaco”, responsabilizando a las directivas sin ofrecer claridad sobre las circunstancias reales de la muerte de Stephora.
En Santiago, como reza el dicho, “pueblo chico, infierno grande”. Los rumores apuntan a que la tragedia podría obedecer a terceros aún no identificados, y que el apresamiento de las directivas sería una maniobra para ocultar una verdad más cruel y horrorosa: el nivel de bullying y discriminación que sufren estudiantes distintos al conglomerado, ya sea por raza, clase social o religión.
Desde el inicio, en redes sociales se han vinculado nombres de tres estudiantes con la tragedia. Sin embargo, el Ministerio Público no ha dado explicaciones ni ha transparentado la investigación. Esta falta de acceso a pruebas alimenta la percepción de que se busca desviar la atención hacia responsables administrativos, mientras se ignoran posibles factores criminales o sociales más profundos.
Es cierto que el colegio pudo haber actuado de manera errada en un momento de emergencia. El pánico del personal administrativo o decisiones equivocadas de la dirección son elementos que deben investigarse. Pero eso no exime al Ministerio Público de su deber de investigar con rigor y transparencia.
La sociedad no necesita apresamientos apresurados, sino certezas sobre lo ocurrido. La justicia debe ser un proceso de búsqueda de la verdad, no un espectáculo de culpables fáciles. Arrestar sin mostrar pruebas solo erosiona la confianza en las instituciones.
El caso Stephora Joseph pone en evidencia una problemática más amplia: la falta de protocolos claros en centros educativos para manejar emergencias, y la ausencia de políticas públicas efectivas para prevenir el bullying y la discriminación. El Estado tiene una responsabilidad ineludible en garantizar entornos seguros para todos los estudiantes.
La memoria de Stephora exige justicia real. No basta con señalar a cuatro directivas si detrás de la tragedia hubo factores más oscuros. La ciudadanía merece saber si fue negligencia, bullying o manos criminales. La verdad no puede ser sacrificada en aras de la conveniencia institucional.
El proceder del Ministerio Público deja más preguntas que respuestas. Arrestar sin pruebas claras, sin detallar causas y sin permitir acceso a los videos, solo alimenta la sospecha de que se intenta encubrir una verdad incómoda. La justicia debe ser transparente y valiente, porque cuando la verdad se oculta, el dolor se multiplica y la confianza en las instituciones se desvanece.
Author: Redacción
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