Lo que me motivó a escribir este artículo fue ver el análisis estadístico de Barómetro de las Américas del 2014 donde revela que 55.25% de los latinoamericanos prefieren las respuestas punitivas frente al delito,
Por: Rafael Guillermo Guzmán Fermín
Ciudadanía RD Media
Existen muchas teorías y corrientes de pensamiento respecto a las políticas de prevención o sanción del delito. Entendiendo que la sanción o castigo tiene como función penal el restablecer el daño causado, no solo a la víctima, sino también al orden social establecido (la ley).
De manera, que al infractor se le aplica una sanción penal con el fin de que retorne el orden social agredido y, además, es una forma que el Estado dispone para retribuir parte del daño a la víctima del delito. (Esto está inspirado en el redistributismo planteado por el filósofo alemán Immanuel Kant cuando propuso la redistribución como un principio jurídico).
Relacionando la Prevención vs. Sanción, podemos decir que las penas o sanciones tienen en sí mismas un alto componente preventivo; uno dirigido al conglomerado social y, el otro, enfocado al mismo sujeto que comete el delito, o sea, resocializar al individuo. (Ya existe una ciencia que estudia este ámbito: la penología).
Lo que me motivó a escribir este artículo fue ver el análisis estadístico de Barómetro de las Américas del 2014 donde revela que 55.25% de los latinoamericanos prefieren las respuestas punitivas frente al delito, consultas éstas que fueron realizadas por la Universidad de Vanderbilt, Nashville, EEUU en 23 países del hemisferio, y que hoy en día sigue aumentando este porcentaje.
Un reclamo latinoamericano
Estoy seguro que para la mayoría de los lectores sería interesante analizar las razones por las cuales la mayoría de los latinoamericanos reclaman más castigos. Veamos.
El investigador y académico del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO, sede Ecuador, Sr. Fernando Carrión, señala una razón muy poderosa, al indicar que en los últimos 25 años, en América Latina, se duplicó la tasa de homicidios, de los robos, hurtos y demás delitos, lo que sin dudas impacta negativamente en la población.
En otro estudio, esta vez realizado por Latinobarómetro, se demuestra que la prioridad de seguridad en la población hasta el año 2007 estaba en un 4to. lugar (en nuestro país, de acuerdo a las mediciones, la seguridad estaba en un 2do. lugar casi empatado en el primero con el costo de la vida). El mismo estudio de Latinobarómetro señala que ya en el año 2009 esta demanda de seguridad en Latinoamérica había escalado al segundo lugar como prioridad en la población.
Sin embargo, en nuestro país descendió del casi empate en el 1er. puesto a un 5to. lugar en las demandas de la población, o sea, sentían más seguridad, lo cual es corroborado por un reportaje en la cadena CNN de la Consultora Mercer del 2008, donde señalaba a Santo Domingo como la ciudad más segura de Latinoamérica en cuanto a la seguridad personal.
Concluye dicho estudio, que a partir del 2009 hasta el día de hoy, en América Latina, la seguridad ciudadana es la primera prioridad de la población. (En la República Dominicana a partir del 2013 hasta el día de hoy, es también el número uno como principal demanda nacional.
Este escalamiento ascendente en la demanda nacional en toda América Latina, tiene que ver estrechamente con el aumento de las tasas de criminalidad, con la victimización que padece la población en general, con el incremento del abanico de todo tipo de delitos que sufren día a día los ciudadanos de la región, sumado a las ineficiencias de las políticas públicas para combatirlo, sin dejar de recocer, en nuestro país, los enormes esfuerzos del presidente Luis Abinader y del director general PN, mayor general Alberto Then, para lograr los esperados resultados que todos esperamos.
Por tanto, ese dolor, ese frío en la espalda, unido a la ira que produce las pérdidas de vidas humanas o la pérdida de la propiedad por robos, más el temor a ser una potencial víctima en el futuro, y agregando el alto grado de impunidad regional, es indudable que esto produce en la población impotencia y rabia.
La sumatoria de todas estos efectos es lo que genera en la ciudadanía el elevado grado de sensación de inseguridad y que los obliga a reclamar al Estado medidas de un impacto inmediato y medidas fuertes, para sentirse protegidas, esto debido, a que la prevención se percibe más a largo plazo y no se le vincula directamente al combate a la criminalidad. (Lo cual es una errada apreciación).
Otra de las dificultades de la prevención ante la población, incluso como evaluación de las políticas públicas, es que la prevención es de muy difícil cuantificación, ya que no es tan observable.
No obstante, afirmamos categóricamente, que siempre la prevención es mejor que cualquier acción punitiva, y puesto que el origen de la criminalidad es multifactorial (social, educacional, económico, familiar, etc), por tanto, las soluciones deben ser multidireccionales y dimensionales, lo que requiere de un alto nivel de inversión del Estado para su ejecución y sus resultados no son medibles a corto plazo.
Atacar las causas.
Un error que cometen los que diseñan las políticas públicas en América Latina es que lo hacen en base al método de encuestas y no sobre estudios científico del conocimiento causal del delito, o sea, atacar las causas que lo generan, y así accionar las políticas preventivas adecuadas en todas las instituciones del Estado vinculadas al tema de prevención, tales como: Policía Nacional, ministerios de Educación, Interior y Policía, de Deportes, Obras Públicas, Consejo Nacional de Drogas, entre otras, tal como se diseñó el Plan de Seguridad Democrática en el gobierno del 2004 al 2012.
He aquí la importancia vital del anteproyecto de ley presentado por el diputado Omar Fernández, con la creación del CENTRO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA, con el objeto de utilizar este centro, para el estudio profesional y científico, con las ciencias multidisciplinarias del fenómeno delictivo, la mente criminal, la víctima, el entorno social del delito y el control social de la criminalidad, para atacar efectivamente las causas que generan la delincuencia y violencia.
Ampliando este contexto, las medidas punitivas o represivas requieren de fiscales y policías, pero restringir esas políticas públicas al uso de la fuerza, puede conducir a un incremento aún mayor de la violencia, pues si no se atacan los factores causales que generan la afección de producción de delincuencia y violencia, nunca tendremos suficientes fiscales y agentes policiales para contenerla.
¿Podría la sociedad estar exenta de aplicar sanciones? Es evidente que no, pues no podemos prescindir del castigo ni de las autoridades encargadas de aplicarlo, puesto que por más desarrollada, educada y equilibrada que esté una sociedad siempre habrá sujetos dispuestos a transgredir la ley y sus códigos de conducta social.
Los casos recientes del asalto espectacular a un cuartel policial donde asesinaron a un agente del orden y de la repugnante golpiza de un sujeto a una dama, por un leve accidente de tránsito en Baní son dos ejemplos alarmantes y contundentes de los efectos que causa en las autoridades y la sociedad, la falta de castigos, o sea, la impunidad.
Por tanto, toda la sociedad demanda castigos sin precedentes, contundentes y ejemplarizantes como una señal clara e inequívoca de empezar a terminar con la cultura de impunidad, como así lo expresara la honorable Procuradora General de la República al asumir sus funciones.
POR MEDIDAS EFICACES Y MÁS EFICIENTES
En este análisis de la ecuación Prevención vs. Sanción, nos inclinamos por un equilibrio entre las dos medidas.
Una, fortaleciendo las acciones punitivas para dar resultados visibles y a corto plazo, para una población cada vez más insegura, indefensa y atemorizada, a los fines de evitar que se llegue a la antigua ley del talión: “ojo por ojo y diente por diente” (los linchamientos), mientras que al mismo tiempo, se aplican medidas preventivas eficientes y eficaces de mediano y largo plazo con todos los recursos para su éxito, tal como se están haciendo grandes inversiones el área de educación y otras más.
De esta manera, al final, con los objetivos logrados, se podrán flexibilizar por sí solas las medidas punitivas, pues a largo plazo, cuando los resultados de esa inversión en la educación y otras áreas sociales sean visibles, tendremos una sociedad más educada, más cívica, más consciente de sus derechos constitucionales, pero también más dispuesta a cumplir con los deberes que consagra la Constitución de la República… haciendo realidad la sentencia de Pitágoras: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.
Author: Redacción
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