Según información oficial, hasta el 3 de mayo las fuerzas de seguridad habían capturado a 24.071 presuntos pandilleros. Los tribunales de justicia decretaron la detención preventiva de más de 10.000 imputados. Las autoridades también han confirmado la captura de seis de 15 cabecillas que integran la “Ranfla Nacional” (dirección nacional), de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La mayoría de las denuncias de violaciones a los derechos humanos provienen del área metropolitana de San Salvador y la zona paracentral del país. Sin embargo, las ONG dicen que se tiene al menos un caso en cada uno de los 14 departamentos. La mayoría de las víctimas son hombres entre los 18 y 30 años, añaden las organizaciones.

Desde el 27 de marzo y horas antes de que el Congreso aprobara el estado de emergencia, unidades policiales y militares fuertemente armadas irrumpieron en barrios y comunidades de bajos recursos, supuestos bastiones de las pandillas, y sin tener que dar explicaciones fueron de puerta en puerta sacando a la rastra a numerosos jóvenes. También bloquearon los accesos con alambres de púas, decidieron quién entraba y salía y exigieron identificaciones.

En un informe de Human Rights Watch y Cristosal se advierte que es muy probable que el volumen de detenciones haya agudizado el hacinamiento carcelario en el país. En diciembre las prisiones salvadoreñas ya estaban operando a un 136% de su capacidad. El 19 de abril el Congreso aprobó una ley para construir nuevas prisiones para albergar a los pandilleros.

El 24 de abril el Congreso prorrogó por 30 días la vigencia del régimen de excepción, que permite que fuerzas combinadas de policías y soldados, sin orden judicial, continúen capturando supuestos miembros o colaboradores de las pandillas que tienen presencia en populosos barrios del país y que están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. Las pandillas además extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.