Más del 20 % de los estudiantes deja el INABIE sin alimentos y reduce en un 39 por ciento las plazas MIPYMES los cuales eran suplidores del pan, galletas y néctares.
Dijeron que 800 plazas de pequeños y medianos comerciantes fueron suprimidas o eliminadas al colocar una mayor cantidad de raciones a menos cantidad de empresas, los cuales eliminan más de seis mil empleos directos.
Durante una protesta frente al palacio presidencial los suplidores del desayuno y almuerzo escolar dijeron que de mil 932 plazas fueron reducidas a mil 200, las empresas de leche, néctares de frutas fueron reducidas a 11 y la de pan y galletas de 240 MIPYMES reducidas en más de un 50 por cientos.
Dijeron que más de 800 plazas de pequeños y medianos comerciantes fueron suprimidas o eliminadas al colocar una mayor cantidad de raciones a menos cantidad de empresas, los cuales eliminan más de seis mil empleos directos.
Denunciaron que empresarios con múltiples cocinas y panaderías que están en manos de testaferros los cuales fueron favorecidos, perjudicando a los pequeños comerciantes.
“Esos suplidores lograron colarse y están blindados. Muchos de ellos están supliendo de manera parcial, alquilando nuevos locales y subcontratando a otros, porque recibieron raciones por encima de sus capacidades y ahora no tienen cómo cumplir”, señalaron.
Frente a esa realidad, sugieren la anulación de esos procesos irregulares antes de la entrega de los anticipos, extender los contratos a los suplidores que venían supliendo, para garantizar el suministro y distribución de las raciones alimenticias a estudiantes y personal docente de los centros educativos y crear condiciones previas para sanear los programas y poder hacer licitaciones diáfanas.
Hablando a nombres de los afectados la asesora de las MIPYMES, Elizabeth Beriguete señaló preocupante como la transparencia fue sustituida por la discrecionalidad total de los peritos mal reclutados, desde las aperturas de las ofertas técnicas, evaluación de capacidad instalada, alteración de la distancia de los 10 km máximos establecidos, hasta las múltiples modificaciones en las puntuaciones asignadas, para cambiar el orden a los oferentes, según conveniencias circunstanciales.
Se impuso la ilegalidad, discrecionalidad y la anarquía. Al punto que se vieron obligados a dejar sin efecto los informes de los peritos por la mala calidad de los reportes y así se hace constar en las actas de adjudicaciones de San Cristóbal y Santo Domingo Oeste.
En las rectificadas del Almuerzo Escolar, también preocupa el asidero jurídico de 107 lotes, que fueron declarados desiertos y que están siendo devueltos a oferentes adjudicados con contratos firmados o asignados a oferentes que no los licitaron.
También vemos con preocupación el interés de asignar grado a grado la distribución de frutas sin procesar y botellitas de agua, sin disponer de las logísticas requeridas, con el único objetivo de perjudicar las 11 empresas de líquidos adjudicadas, con la reducción del 35% de las raciones que históricamente venían supliendo, sin que importe el pasivo ambiental con los plásticos a utilizar.
Estas declaraciones fueron:
En una manifestación pacífica llevada a cabo frente al Palacio Nacional, un grupo de suplidores de almuerzo y desayuno escolar denunciaron ayer que más de 800 plazas de pequeñas y medianas empresas fueron desvinculadas de sus contratos, lo que equivale a más de 6,000 empleos directos perdidos.
Durante la protesta contra el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), los proveedores revelaron que hay empresarios beneficiados con contratos de múltiples cocinas y panaderías, bajo supuestos “testaferros”.
Los manifestantes aseguraron tener pruebas que sustentan su acusación y explicaron que esas empresas adjudicadas están rompiendo también con las normas de salubridad.
“Muchos suplidores lograron colarse y están blindados (…) muchos de ellos están supliendo de forma parcial, alquilando nuevos locales y subcontratando otros, porque recibieron raciones por encima de sus capacidades y ahora no tienen cómo cumplir”, informó Elizabeth Beriguete, una de las participantes en la protesta. Un dato aportado por el grupo de afectados es lo que llaman “asidero jurídico”, de unos 107 lotes que llevan una declaración de “desiertos” y han sido devueltos a sus oferentes con contratos firmados por otras personas que no licitaron.
Author: Redacción
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