Diversas reacciones ha provocado en las redes sociales por parte de líderes y dirigentes políticos la medida anunciada por el Gobierno del retirar el proyecto de Ley de Trata de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes.
El expresidente de la Republica y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, calificó como sensato el nuncio hecho por el Poder Ejecutivo, pero señaló que la acción no merece el reconocimiento de la ciudadanía en el entendido de que la pieza que calificó como una “adefesio jurídico”, nunca debió ser sometida al congreso ya que, a su entender, constituye una amenaza para la soberanía”.
En tanto que el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, saludó el anuncio hecho por el vocero de la presidencia.
Taveras, quien en días anteriores señaló que la aprobación de esta ley generaría un caos en el país, exhortó a la población a mantener atentos en vista de que “la agenda no se detiene”.
En tono burlón el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Interior Y Policía, Carlos Amarante Baret, dijo que la medida oficial demuestra que el Gobierno va “de reversa”, al tiempo de calificar como un eufemismo el anuncio de que se buscará un conceso en los próximos 45 días para proceder con la reintroducción de controversial proyecto.
El vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, reiteró que el gobierno del presidente Luis Abinader no aceptará ningún acuerdo o norma que nos convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití.
El vocero ofreció la información tras la decisión de retirar del Congreso el proyecto de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, para lograr el consenso público necesario.
“Como vocero del presidente Luis Abinader reitero la posición oficial: Este gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que nos convierta en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití. La razón es simple: como país de recursos limitados el suministro de servicios públicos a la población migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos dominicanos”, expresó Figueroa.
Author: CRDMedia
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