En el día de hoy, 12 de abril de 2023, la Junta Central Electoral arriba a 100 años de su creación. La organización de los asuntos electorales en la República Dominicana fue abordada desde la primera Constitución del 6 de noviembre de 1844, no obstante, el país no contaba con una institución especializada que se encargara de organizar los procesos electorales.
El abordaje de lo electoral no contemplaba organismos independientes y especializados, pues se hallaban a cargo de alcaldes o jefes políticos. Este sistema estaba conformado por una Junta Electoral de Provincia, 22 Juntas Parroquiales y 5 Juntas Electorales de Partidos. Su composición estribaba en electores compromisarios, comenzando por los electores de parroquias nombrados a razón de uno por cada 200 vecinos, para integrar las Juntas Electorales Parroquiales. A su vez, las Juntas Electorales de Partidos la conformaban los electores parroquiales además de los miembros electores de partidos de la Junta Electoral de provincias. Dentro de este sistema las elecciones eran de segundo grado.
Ello significa que en los primeros años de la República el sufragio era indirecto, se ejercía mediante un proceso verbal, luego se remitía en papel cerrado y el presidente del Congreso anunciaba públicamente los resultados. La ciudadanía elegía a un conjunto de personas que fungían como electores y eran los responsables de elegir al presidente.
Para ubicar el origen de la creación de Junta Central Electoral debemos situarnos en las negociaciones que culminaron con la firma del Plan Hughes-Peynado el 30 de junio de 1922, para así dar por terminada la primera intervención norteamericana; cuyo punto más importante fue la instalación de un gobierno provisional con el objetivo primordial de promulgar la legislación que regularía la celebración de elecciones.
En ese sentido, el presidente provisional Juan Bautista Vicini Burgos, promulga la Ley Electoral Núm. 35 del 8 de marzo de 1923, que ordena la creación de la Junta Central Electoral, integrada por un juez de la Suprema Corte de Justicia quien la presidiría, un juez de Corte de Apelación, conjuntamente con dos suplentes de Corte de Apelación, un catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo conjuntamente con un suplente escogido por dicha Facultad y por un representante de cada partido político reconocido, quienes tenían voz pero no voto. La fecha del 8 de marzo, que es en la que se crea mediante ley la Junta Central Electoral, coincidencialmente y como comentario al margen, es el día en el que 52 años después, por las razones conocidas, se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Entonces, ¿Por qué el 12 de abril de 1923? Porque la designación de quienes integrarían el primer pleno de la Junta Central Electoral no se realizó el mismo día de su creación por ley y, más aún, dado los distintos órganos de los que provenían sus miembros, su designación fue realizada en fechas distintas. De estos, el primero en ser designado fue el Lic. Fidelio Despradel por la Corte de Apelación el sábado 7 de abril de 1923, el segundo, quien presidiría el órgano, Lic. Alejandro Woos y Gil, por la Suprema Corte de Justicia, el lunes 9 de abril del mismo año, posteriormente el martes 10 de abril se designó al Dr. Horacio Vicioso en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo, finalmente el miércoles 11 de abril fue designado el primer secretario general de la Junta Central Electoral, el señor Salvador Otero Nolasco.
Pero es el jueves 12 de abril de 1923, en el segundo piso de la Casa núm. 36, hoy 306 de la calle Padre Billini, antigua Ciudad Colonial, donde formalmente se constituyó por primera vez el pleno e inició sus trabajos. Así nació la Junta Central Electoral, el primer órgano electoral de Latinoamérica. Su grito de nacimiento dio inicio a la formación de órganos electorales en la región, como es el caso de la Corte Electoral de Uruguay que fue creada 8 meses y 27 días después, el 9 de enero de 1924, siendo el segundo órgano electoral de su tipo.
La Junta Central Electoral no nace como un órgano de estructura insulsa, sino que se convirtió en un referente del movimiento que se origina en América Latina orientado a otorgar autonomía a los órganos electorales, debido a que hasta los inicios del siglo XX la función electoral estaba en manos del Poder Ejecutivo o de los gobiernos locales, lo que no garantizaba la independencia, imparcialidad, profesionalidad e integridad en la administración de los procesos electorales.
No obstante, de aquel jueves 12 de abril a este miércoles 12 de abril, la Junta Central Electoral ha transitado diversos vaivenes: La dictadura, el sufragio simbólico de la mujer y su posterior reconocimiento, el asesinato de las tres hermanas, el ajusticiamiento y el golpe de Estado de 1963.
Precisamente, con la Constitución de 1963, se produjo un acontecimiento de especial relevancia en la historia de la institucionalidad electoral: se diseñó un nuevo órgano, estableciéndose que las elecciones serían dirigidas por un Tribunal Superior Electoral y por los Tribunales Provinciales, del Distrito Nacional y Municipales, los cuales tendrían facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley. El presidente del efímero Tribunal Electoral fue el magistrado Francisco Antonio Hernández.
Los vaivenes siguieron con un Triunvirato que volvió al diseño institucional electoral anterior y por medio de la Resolución núm. 21 designó a la nueva Junta Central Electoral presidida por Ángel María Liz, entre una guerra civil y una reforma constitucional, hasta 1973, año de su fallecimiento.
19 años más tarde la Junta Central amplía el margen de sus responsabilidades, al asumir dos instituciones de servicios públicos por ley. El 13 de abril se promulga la Ley Núm. 8 de 1992 que pone bajo dependencia de la Junta Central Electoral la Dirección General de la Cédula de Identificación Personal, la Oficina Central del Estado Civil y las Oficialías del Estado Civil. Aunque no fue hasta el 18 de enero de 2007 que se pone en vigencia el reglamento que establece salarios a los oficiales del Estado Civil y personal auxiliar, subordinándolos a la dirección de la Junta Central Electoral.
Para 1994, la Junta Central Electoral, enfrentó un gran desafío para la democracia, pero salió airosa con un pleno presidido por César Estrella Sahdalá, quien junto con los magistrados Aura Celeste Fernández, Luis Mora Guzmán, Juan Sully Bonnell y el magistrado Rafael Armando Vallejo Santelises, este último 29 años después volviendo a ser parte de la historia en el ahora centenario, jugaron un papel emblemático para el fortalecimiento del órgano, al igual que todos los demás presidentes, miembros titulares y suplentes que con posterioridad desempeñaron sus funciones apegadas a la integridad.
El 21 de diciembre de 1997 se aprueba la Ley núm. 275-97 que derogó, luego de 35 años, la Ley núm. 5884 de 1962. Posteriormente, el 7 de enero 2003 se promulga la Ley núm. 02-03 que modificó la Ley Electoral vigente en ese momento aumentado el número de miembros del órgano electoral. En lo adelante la matricula estuvo integrada por un presidente y ocho miembros, a su vez dividida en dos Cámaras, una que se encargaría sobre lo Contencioso Electoral y otra de los aspectos administrativos.
En el año 2010 se produce la reforma constitucional que dispuso un nuevo diseño del Estado dominicano, impactando las funciones de la Junta Central Electoral. Pasamos de un modelo concentrado de la función electoral a uno desconcentrado con la creación del Tribunal Superior Electoral quien asumió las competencias de lo contencioso electoral, mientras que la Junta Central Electoral retuvo las atribuciones de la administración electoral.
Entre vaivenes, este órgano electoral centenario ha celebrado 29 elecciones, ha atravesado 52 modificaciones al marco jurídico electoral, se ha integrado por unos 40 Plenos, luchado contra idiosincrasias, contra culpas perdedoras, contra alegatos de fraude, incluso contra una pandemia; batallando por su legitimidad, por su confianza, en procura de mantener y elevar la calidad de la democracia y la salvaguarda de la identidad. Pero siempre, a pesar de todo, ha avanzado en el fortalecimiento de su institucionalidad. Por lo que pedimos ponernos de pies y tributar un minuto de silencio a todos los hombres y mujeres que dedicaron parte de su vida a la construcción de esta Junta Central Electoral y que hoy no nos pueden acompañar.
Ahora bien, hoy, miércoles 12 de abril de 2023, ¿Cómo encuentra su centenario a la Junta Central Electoral?
La encuentra, de conformidad con el artículo 212 constitucional, como un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal es organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la Constitución y las leyes. Teniendo facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia e iniciativa legislativa en materia electoral.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional dominicano en la sentencia TC-0305-2014, estableció que la autonomía e independencia de la Junta Central Electoral son consecuencia, por una parte, de la necesidad política e histórica de depositar en una autoridad independiente de los partidos políticos y del Gobierno la competencia exclusiva y excluyente de organizar y gestionar la contienda electoral para asegurar que los resultados que acreditarán a los gobernantes sean efectivamente la expresión de la voluntad popular y, por otra parte, de la indispensable garantía de que la identidad nacional será resguardada y preservada celosamente, a fin de blindar el Registro Civil contra las acciones fraudulentas, falsificaciones y suplantaciones que por mucho tiempo le han afectado. Por estos motivos, las actuaciones y decisiones de este importante órgano tienen que permanecer absolutamente al margen de toda confrontación e intervención de carácter administrativo proveniente de otras fuentes de poder que con sus actuaciones puedan interferir con las funciones que le ha conferido la Carta Sustantiva a la Junta Central Electoral. Es decir, el centenario la encuentra siendo un órgano extra poder con plena autonomía para ejercer sus funciones.
Por otra parte, luego de 79 años de vigencia de la Ley 659 del 17 de julio de 1944, una Ley vetusta, obsoleta y retrograda, el centenario de la Junta Central Electoral (JCE) la encuentra con la Ley 04-23, Orgánica de los Actos del Estado civil. Con estas nuevas disposiciones pasamos de libros manuscritos, los cuales han provocado errores que impactan negativamente el registro civil, a un registro digital con un soporte físico, para lo cual la Junta Central Electoral tiene hasta dos años para su implementación.
Con ella se elimina la ratificación y se amplían los plazos para las declaraciones de nacimiento, así como para los temas de defunción, los cuales generaban subregistro por la brevedad en la precluían tales plazos. Esta Ley incluyó la prueba científica para que, ante la duda que pueda tener el oficial del estado civil, se pruebe la paternidad, garantizando la fidelidad del registro. Los efectos de su entrada en vigencia no tardaron en dar frutos, en ese sentido un total de 71,392 nacimientos y actas de defunción han logrado resolverse con las notas de ratificación, evitando de esa manera que la ciudadanía agote el tardío y extenso proceso jurisdiccional para estos casos. Estos avances son una palanca de apoyo para que en República Dominicana eliminemos al mínimo posible el subregistro.
Con independencia del nuevo marco legal y conscientes de la relevancia que mantiene el Registro Civil frente a la sociedad dominicana, el Pleno de la JCE desde sus inicios ha ido desarrollando una serie de iniciativas, tendentes al fortalecimiento de nuestros servicios. Por ello, debido a la implementación del Proyecto de Eliminación del Trámite de la Legalización de Actas del Estado Civil (ETLA) y de otras acciones, en el centenario de la Junta Central Electoral, la ciudadanía encuentra las actas sin vencimiento, sin necesidad de legalizarlas y pudiendo obtenerlas en cualquier oficialía o centro de expedición sin importar el lugar donde se haya registrado, bajo la consigna: “las actas no se vencen, las actas no se legalizan”.
Hoy, miércoles 12 de abril de 2023, los cien años del órgano garante de la identidad y el registro civil, lo encuentra con los siguientes datos estadísticos:
Durante el año 2021, fueron instrumentados 123,494 registros de nacimientos, 20,438 defunciones, 15,570 transcripciones de actas instrumentadas en el extranjero, celebrados 46,421 matrimonios y fueron pronunciados 29,195 divorcios, para un total de 235,118 registros instrumentados en el año 2021.
Para el año 2022, fueron instrumentados 112,893 registros de nacimientos, 15,166 defunciones, 17,870 transcripciones de actas instrumentadas en el extranjero, celebrados 36,645 matrimonios y fueron pronunciados 23,217 divorcios, para un total de 205,791 registros instrumentados en el año 2022.
En lo que va del presente año 2023, se han instrumentado 28,560 registros de nacimientos, 3,018 defunciones, 4,011 transcripciones de actas instrumentadas en el extranjero, celebrados 8,884 matrimonios y fueron pronunciados 4,308 divorcios, para un total de 48,781 registros instrumentados en este año 2023.
Lo anterior corresponde a la cantidad consolidada de 264,947 registros de nacimientos, 38,622 defunciones, 37,451 transcripciones de actas instrumentadas en el extranjero, 91,950 celebraciones de matrimonios y 56,720 pronunciamientos de divorcios, para un total de 489,690 registros instrumentados durante los años 2021, 2022 y el presente 2023.
Durante los años 2021, 2022 y en lo que va del presente 2023, la Junta Central Electoral ha ofrecido 5,922,090 servicios, equivalente a prácticamente la mitad de la población dominicana. El servicio más solicitado ha sido la expedición de actas, con 5,270,960, seguido de las correcciones de datos por la vía administrativa con 256,782.
En adición a lo anterior, se han validado 4,015,357 actas, de las cuales 963,758 han sido validadas por gestión a través del Proyecto ETLA, es decir, que el equipo designado para realizar las diligencias y trámites internos tendentes a subsanar errores y situaciones que impedían la expedición de diversas actas solicitadas por los errores ancestrales de un sistema manual, ha sido responsable del 24% de las actas validadas entre el año 2021 y el día de hoy.
A cien años, hay un nuevo eslogan materializado en hechos, “no vayas a la Junta, la Junta va hacía ti”. Por ello, en una política de descentralización y de cercanía de la ciudadanía con los servicios, durante el año 2022 fueron inauguradas cuatro (4) nuevas oficialías: 5ta. y 6ta. Santiago de los Caballeros, Villa Montellanos y El Puñal; y reinaguradas cuatro (4): Dajabón, Constanza, 2da. Circunscripción de Baní y la 4ta. De Santiago de los Caballeros. Próximamente estaremos inaugurando la Oficialía del Estado Civil de Las Guáranas.
Asimismo, el Pleno de la JCE ha aprobado la creación de trece (13) nuevas oficialías: decimoséptima del Distrito Nacional, decimoctava de Santo Domingo Norte, decimonovena de Santo Domingo Este, Quisqueya, Consuelo, Peralvillo, Villa Hermosa, La Ciénega, Baitoa, 2da. de Bonao, Pueblo Viejo, Matanza y El Palmar.
De igual modo, el centenario encuentra a la Junta Central Electoral ofreciendo servicios de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, así como los sábados, domingos y días feriados, para lo que se ha puesto en funcionamiento cuatro (4) Centros de Expediciones de Actas y Cédulas (Galería 360, Sambil, Plaza Central y la UASD) y seis (6) en proceso avanzado (Coral Mall, Bella Vista Mall, Mega Centro, Colinas Mall, Occidental Mall y Ciudad Juan Bosch), los cuales han permitido descongestionar a las Oficialías de los servicios exclusivos de expedición de actas y cédulas, mediante las cuales desde su inauguración, hemos expedido durante el año 2022 y hasta el día de hoy la cantidad de 137,180 actas correspondientes a diversos registros del Estado Civil.
Así mismo, hemos fortalecido lo relativo a las Declaraciones de Nacimiento Oportuno, para lo cual contamos en la actualidad con un total de 66 delegaciones, de las cuales 58 se encuentran en funcionamiento instaladas en hospitales y clínicas privadas, 4 en proceso de readecuación y 4 en proceso de apertura, aportando de esta manera a la erradicación de subregistro, así como garantizando que las y los recién nacidos puedan contar con un registro de nacimiento levantado en tiempo real al momento del alumbramiento. Es decir, que el centenario encuentra a los niños y niñas que nacen, saliendo de los centros médicos con sus actas de nacimiento debajo del brazo.
El centenario encuentra a una Junta Central Electoral trabajando a tiempo en la organización del proceso electoral. Por ello, el 25 de agosto del año 2021, se presentó formalmente a las organizaciones políticas, sociedad civil y otros actores sociales la propuesta de modificación a las leyes 15-19 de Régimen Electoral y la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, acompañado de un documento de 300 páginas contentivo de las motivaciones que sustentaban cada una de las propuestas. Posteriormente, haciendo uso de la facultad de iniciativa legislativa, la Junta Central Electoral presentó al Congreso Nacional sus Proyectos de Ley.
Como consecuencia del proceso de reforma, se adoptó una nueva Ley del Régimen Electoral, la 20-23, promulgada el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Esta nueva Ley incluye cuatro elementos normativos que constituyen una creación legislativa, por no existir disposición alguna sobre esos aspectos en la Ley 15-19 derogada, a saber:
- Se agrega un título sobre la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, en la que se especifica, entre otros aspectos, sus deberes y atribuciones.
- Se incluye un catálogo de principios rectores del proceso electoral.
- Tipificación y sanción de la violencia política hacia la mujer.
- Se establecen las competencias del Tribunal Superior Electoral para controlar los actos administrativos electorales, acabando con la dispersión de competencias y la falta de comprensión de lo contencioso electoral.
Quedó pendiente la reforma a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que deberá ser objeto de una modificación luego de las elecciones de 2024. En lo que tiene que ver con la modificación al régimen electoral se propuso una reforma integral, pero estamos conscientes de que ninguna reforma será la ideal, como es el caso, sin embargo, las actuaciones de esta Junta Central Electoral han estado, están y estarán apegadas al principio de legalidad por lo que hará cumplir la ley con las pocas garras que la legislación le confiere. En ese sentido, que no quepa la menor duda de que a través de su facultades administrativas y reglamentarias, esta Junta Central Electoral, a través de su Dirección de Fiscalización y Control Financiero, será estricta en la fiscalización del financiamiento tanto público como privado, el cumplimiento de los topes y los ingresos espurios.
Por primera vez, con tiempo, se realizó la reestructuración de las 158 juntas electorales y las 21 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), con la designación de 1,617 personas a nivel nacional e internacional, con más de un año de antelación a la celebración de las elecciones. Las 158 juntas electorales están integradas por 803 hombres, lo que representa el 56% de su composición y 625 son mujeres, para un 44%. En el caso de las OCLEE, el 49.2% son hombres y 50.7% son mujeres. Estos miembros fueron juramentados en el mes de enero de este 2023. Se evidencia con estas acciones que llevamos a cabo, no solo que trabajamos con tiempo y a tiempo, sino que es pilar de nuestra actuación la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres, lo que se muestra en la integración de nuestros órganos.
Además de realizar una integración oportuna, los miembros de juntas electorales están recibiendo, por primera vez, un diplomado en administración electoral, de forma presencial y simultánea, en el que se están capacitando 43 grupos lo que impacta a 1,820 personas entre presidentes, vocales, suplentes, secretarios y secretarias de juntas electorales.
Se estructuró un Calendario de Actividades Administrativas y Plazos legales en el que se establecen y articulan, con base a una organización cronológica, las acciones que se han implementado y aquellas que serán desplegadas por la Junta Central Electoral, lo que permite una adecuada planificación y certeza para la administración y los actores que podrán conocer cómo funcionan las etapas del proceso electoral, cuándo inician y cuándo concluyen los plazos de estas.
Por primera vez hubo un concurso público de unos 450 instructores lo que da fe de la transparencia en la gestión interna. Además, hemos iniciado una jornada para la conformación de los colegios electorales, procurando la captación de al menos 100,000 ciudadanos y ciudadanas que dirigirían aproximadamente 20,000 colegios electorales que se funcionaran para las elecciones de 2024.
Para las elecciones del año 2020, el padrón electoral del exterior ascendía a 595,879 dominicanos y dominicanas, lo que representó el 7.91% de los electores para las elecciones del referido año. Lo anterior convierte a República Dominicana en el país latinoamericano con el mayor porcentaje de electores en el exterior con relación a su padrón electoral general. Nos hemos propuesto como meta llegar a cada rincón donde se encuentre un dominicano o dominicana para que este pueda empadronarse por la patria que lleva dentro y lograr que por lo menos el 11% del registro de electores para las elecciones de 2024 esté compuesta por una ciudadanía trabajadora con deseos de participar y votar en las elecciones de su país, convirtiéndola en la segunda mayor demarcación de más electores para las elecciones dominicanas.
El centenario de la Junta Central Electoral (JCE) encuentra al órgano electoral con lo más altos estándares de robustez institucional. El concepto de administración electoral en su sentido operativo hace referencia a gestión de procesos y aplicación de procedimientos, lo cual incluye actividades de complejidad variable a lo largo del ciclo electoral. Se trata de la realización de elecciones como un servicio público de la democracia, que debe ser abordado desde premisas de planificación, administración y rendición de cuentas similares a las de cualquier otro servicio del Estado de derecho.
Es por dicha razón que este órgano diagnosticó la necesidad de que la institución disponga de un instrumento donde se recojan los objetivos y propósitos que está llamada a cumplir y decidió dar inicio al proceso de elaboración de un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2020-2024, con la finalidad de definir claramente los lineamientos estratégicos y actividades a ejecutar en el corto y mediano plazo. Que constaba de seis pilares estratégicos:
- Fortalecimiento de la gestión y dirección institucional.
- Consolidar la modernización del Registro Civil y garantizar la identidad ciudadanía.
- Procesos electorales eficientes, confiables y transparentes.
- Contribución al fortalecimiento institucional de las organizaciones políticas.
- Confianza institucional y sociedad participativa.
- Impulsar políticas de equidad e inclusión.
La Junta Central Electoral tiene 691 dependencias, entre ellas 170 oficialías del estado civil, 158 juntas electorales, 179 centros de cedulación, 66 delegaciones, unas 88 oficinas administrativas y 30 oficinas de servicios en el exterior (OSE) distribuidas en todo el mundo.
En el mes de enero del año 2021, se firmó junto a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), un memorándum de colaboración en el que se establecieron acuerdos que sentaron las bases para determinar los propósitos orientadores de este plan institucional, tales como: i) promover una democracia electoral participativa y sólida que garantice unas elecciones justas y libres en la República Dominicana para el año 2024, de conformidad con la Constitución, la legislación electoral y las normas internacionales; ii) tener como guía la necesidad de que la Junta Central Electoral se mantenga eficiente, organizada y bien informada para sostener el proceso electoral; y, iii) fortalecer las capacidades de este órgano para garantizar la transparencia del proceso electoral, fortalecer la responsabilidad y compromiso de los/las funcionarios/as electos/as y la implementación de la legislación dentro de la jurisdicción de la Junta Central Electoral.
Además, la colaboración de IFES incluyó, entre otras cosas, el apoyo técnico a través de dos consultores internacionales, quienes prestaron toda su experiencia en el diseño de este Plan Estratégico Institucional, y cuyo acompañamiento no solo ayudó a revisar nuestra cultura organizacional, sino que propició el análisis tanto del ambiente interno de la JCE, como el externo. En consecuencia, se generó un conjunto de alternativas u opciones de estrategias futuras por seguir, dadas las fortalezas y las debilidades internas de este órgano, sus oportunidades y amenazas externas.
El centenario de la Junta Central Electoral (JCE) encuentra al órgano electoral comprometido con la formación y capacitación electoral. la Escuela Nacional de Formación Electoral y Registro Civil (EFEC) después de 15 años de haberse fundado, está en un proceso de conversión en un Instituto Especializado en educación superior que la convertiría en la primera entidad académica electoral del mundo en poder otorgar títulos de licenciatura. En estos dos años se han realizado 645 actividades de capacitación interna que han impactado a 7,071 diferentes servidores de la Junta Central Electoral, prácticamente la totalidad de la población de colaboradores de este órgano centenario.
Durante el 2021 y 2022 en el proyecto “Relanzamiento de la EFEC” se sensibilizaron más de 15 mil ciudadanos y ciudadanas mediante más de 50 conferencias, diseminadas en todo el territorio nacional y dirigidas a la sociedad civil, juntas de vecinos, docentes y estudiantes de nivel primario, secundario y universitario.
En este aspecto de la formación se han habilitado, con la colaboración de distintas universidades del país, 8 grupos de maestría en administración electoral y registro civil e identidad, impactando a unos 450 profesionales de la JCE, de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y de la sociedad civil. Y en la consolidación del personal de la EFEC, 40 colaboradores finalizaron en 2022 el Master Internacional en Gestión Universitaria, fortaleciendo las habilidades y destrezas de quienes administran nuestra academia.
El centenario de la Junta Central Electoral (JCE) encuentra a un sistema de partidos con una relación saludable y respetuosa con la máxima autoridad administrativa electoral, cuestión que no debemos pasar por alto en el actual contexto complejo de la región.
Para la Junta Central Electoral las organizaciones políticas, sin importar su alcance electoral, son importantes para el sostenimiento de nuestra democracia, por varias razones:
- Estos ofrecen representación: Un sistema de partidos fuerte asegura que haya una representación equilibrada de los intereses y perspectivas de la sociedad en el Estado. Si hay varios partidos políticos sólidos, es más probable que cada uno represente una parte diferente de la sociedad y que la ciudadanía tenga opciones para elegir a quienes mejor representen sus intereses.
- Permiten la participación ciudadana: Un sistema de partidos fuerte también fomenta la participación ciudadana en el proceso político. Si los partidos políticos son fuertes y tienen una presencia activa en la sociedad, es más probable que la ciudadanía se involucre en la política, ya sea uniéndose a un partido, votando o participando en manifestaciones sociales.
- Ofrecen estabilidad y gobernabilidad: Un sistema de partidos fuerte proporciona estabilidad política al establecer un conjunto de reglas y normas que regulan la competencia política y aseguran una transferencia pacífica de poder. Si el sistema de partidos es débil, puede haber un mayor riesgo de inestabilidad política, conflictos y tensiones sociales.
En resumen, tener un sistema de partidos políticos fuerte es esencial para garantizar la representación equilibrada, la estabilidad política, la fiscalización y la participación ciudadana en la democracia. Un sistema de partidos políticos débil puede socavar estos valores democráticos fundamentales, afectar negativamente la calidad de la gobernanza y la participación ciudadana, peor aún, partidos débiles hacen surgir personajes que corroen sus entrañas y los sustituyen destruyendo la democracia.
A pesar de los diversos contextos por los cuales ha pasado el órgano electoral en estos 100 años en su relación con los actores políticos donde se han producido ciertos ataques incluso de índole personal que han desembocado en reformas a su diseño interno, es dable destacar que el sistema de partidos ha decidido confiar y mantener el actual esquema institucional de contar con una Junta Central Electoral como órgano autónomo con la responsabilidad de gestionar la función administrativa electoral, lo que no está ocurriendo en otros lugares de Latinoamérica.
En este contexto internacional, el centenario encuentra a la JCE con la siguiente medición: La Unidad de Inteligencia del índice de democracia de The Economist realiza estudios para medir la calidad de la democracia, basando los resultados en sesenta indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías, las cuales incluyen cultura política, proceso electoral y pluralismo. El estudio más reciente realizado por The Economist fue en 2022, titulado Democracia de Primera Línea y la Batalla por Ucrania, mismo que encuentra -en su centenario- a la Junta Central Electoral con los índices más altos de la región en democracia electoral plena, alcanzando en escala del 1 al 10, donde 1 representa el menor grado y 10 el mayor grado, en proceso electoral y pluralismo con 9.17 y en participación política con 7.22.
Otro indicador de democracia electoral lo constituye el subatributo de universalidad del voto. Según el estudio del Estado de la Democracia en el Mundo, realizado en 2022 por el Global State Of Democracy Initiative (IDEA Internacional) República Dominicana ha reforzado sus instituciones democráticas, experimentando mejoras en siete subatributos, entre ellos, sufragio inclusivo, pasando de ser un subatributo de medio rendimiento a ser uno de alto rendimiento, en el que se contempla mecanismos de voto asistido y voto preferente, garantizando la universalidad sustantiva del sufragio. Así, estudios e informes locales demuestran que la sociedad le atribuye a la actual Junta Central Electoral alta percepción de legitimidad e imparcialidad.
Las anteriores acciones llevadas a cabo por la Junta Central Electoral, están cimentadas en los elementos que consideramos debe tener todo órgano de administración electoral: legitimidad, transparencia, confianza e independencia, a los cuales se ha sujetado nuestro accionar, para la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas. En tales elementos cardinales hemos fundamentado nuestro accionar, lo que se confirma a través no solo de lo que decimos y hacemos, sino también de acreditaciones externas que certifican la corrección funcional de nuestro accionar como órgano. Tales incluyen la cooperación horizontal entre órganos electorales de la región; el fortalecimiento orgánico rigiendo el accionar interno con las normas ISO la que nos ha acreditado con cuatro certificaciones, y persiguiendo la acreditación con el sello de igualdad de género.
De cara a la cooperación horizontal entre órganos de la región, República Dominicana fue elegida durante la XIV Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) realizada en octubre de 2019 en la Ciudad de México. La candidatura fue propuesta por quien les habla, y fue acogida a unanimidad por los 28 organismos electorales de los 20 países miembros de UNIORE. En razón de ello, la República Dominicana asumió la presidencia pro tempore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), para el periodo 2021-2023 que ejerce a través de la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Esto permitió que UNIORE fortalezca su liderazgo tanto interno como externo.
Dentro de los ejes de acción que a través de UNIORE se han impulsado figuran, primero, el fortalecer las misiones de avanzada técnicas y tecnológicas en los casos que sean necesario, como se ha venido haciendo; segundo, la observación per se, que es la observación electoral técnica y, tercero, la observación post electoral jurisdiccional, una iniciativa que inició y que hemos impulsado que continúe de manera permanente. Asimismo, hemos impulsado mayores compromisos de cooperación en materia educativa e investigación científica, así como asistencia técnica y tecnológica.
Como instrumento de cooperación horizontal entre los organismos electorales que la integran, UNIORE ha honrado su compromiso con el sistema democrático, reconociéndolo como el único que permite el desarrollo del ser humano en un ambiente de plena libertad y haciendo un llamado para defenderlo ante los constantes desafíos. Muestra de ello es el reconocimiento que la Consejera Ana Paola Hall, en representación del Consejo Nacional Electoral de Honduras, entregara al Pleno de la Junta Central Electoral por sus aportes en las elecciones Hondureñas, puntualizando que “Este es un ejemplo de que los convenios de colaboración horizontal firmados no son papel mojado” y que por la cooperación que propulsamos fueron llevadas a cabos las elecciones en el país centroamericano.
En procura de la ejecución del Plan Estratégico de la JCE, específicamente su pilar estratégico número 1, objetico estratégico 1.2: implementar un modelo de gestión de calidad, bajo el producto y el gran desafío de lograr procesos certificados en las siguientes normas:
- ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad
- ISO/TS 54001 Sistemas de Gestión de la Calidad Electoral
- ISO/IEC 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
- ISO 22301 Sistemas de Gestión de Continuidad de Operación
Para ello el Pleno de la Junta Central Electoral suscribió un acuerdo con la OEA a principios de 2021, en una primera fase para presentar un diagnostico situacional y en una segunda fase, para enviar una consultoría a los fines de acompañar a la JCE en uno de los pasos institucionales más sólidos en procura de la estandarización con base en estándares internaciones de nuestros procesos.
Luego de dos años de arduos trabajos del Pleno con las distintas direcciones, con mas de 250 enlaces internos en apoyo al proceso de gestión y los consultores de la OEA, luego de un trabajo en equipo, el pasado viernes 31 de marzo, la empresa criticadora AENOR, ganadora de la licitación pública, dio los resultados de la auditoria a las 4 normas y fue el siguiente:
Es decir, el centenario encontró a la Junta Central Electoral como el primer y único órgano electoral del mundo en obtener estas cuatro certificaciones, las cuales impactan de la siguiente manera:
-La ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad, pone en práctica los principios y objetivos de la Institución como son la planificación, la organización, el desarrollo e identificación de procesos, los riesgos, la mejora continua, entre otros. Esto constituye aportes trascendentales para la misma, no sólo por su eficacia al brindar los servicios, sino también porque impulsa a innovaciones constantes y al seguimiento efectivo de las actividades correspondientes, afectando de forma positiva a todos los dominicanos y dominicanas.
– La ISO/TS 54001 Sistemas de Gestión de la Calidad Electoral busca que los requisitos de un sistema de gestión de calidad electoral estén dentro del marco legal establecido y otorga a la ciudadanía, a candidaturas, a organizaciones políticas y demás actores electorales, servicios más fiables y transparentes, además de fomentar la confianza en las elecciones. La Certificación demuestra que la Junta Central Electoral cumple con los requerimientos necesarios, aportando pasos de legitimidad, transparencia y confianza.
– LA ISO/IEC 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información documenta y ofrece buenas prácticas en materia de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Esta normativa permite que los datos suministrados sean confidenciales, íntegros, disponibles y legales para estar protegidos frente a los riesgos que se puedan presentar, adoptando una mentalidad de resiliencia cibernética. La resiliencia cibernética es parte integral no solo de los sistemas técnicos, sino también de los equipos, la cultura Institucional y las operaciones diarias. Por ello la Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de garantizar la identidad de las personas, por lo que la aplicación de esta mejora la capacidad de prevención, detección y respuesta ante incidentes respecto a la información que se maneja tanto por los servidores internos como los externos (proveedores) resultando ser un referente mundial.
– La ISO 22301 Sistemas de Gestión de Continuidad de Operación permite la implementación del estándar de Gestión de Continuidad de Operación, le provee a la JCE un marco de mitigación de daños y la posibilidad de realizar las acciones necesarias para seguir operando. Como beneficios principales, la JCE puede conocer cuáles son sus riesgos más relevantes en los procesos más críticos y actuar en consecuencia en caso de que se materialicen las amenazas de interrupción a la operación. Asimismo, los empleados podrán ejecutar sus protocolos de emergencia según los escenarios previstos con antelación para asegurar que la JCE no detenga su actividad.
Por su parte, el 18 de marzo de 2021, el Pleno de la Junta Central Electoral, en su Sesión Administrativa Ordinaria (Acta No. 10-2021, Punto 18), aprobó la participación de la JCE en el Sello de Igualdad de Género “IGUALANDO RD 2021”. El Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas es una iniciativa desarrollada por PNUD a nivel global, cuyos antecedentes en la región se remontan al año 2017. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar a las instituciones públicas una hoja de ruta práctica que permita, por un lado, implementar reformas institucionales, y por otro, asegurar que las preocupaciones por la igualdad de género estén integradas en su trabajo.
El Sello de Igualdad de Género en las instituciones públicas es un acelerador para la transversalización de género y para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, en la medida que supone un proceso integral que transforma la institucionalidad en sus dimensiones internas y externas. A lo interno, con el Sello se trabaja sobre la cultura institucional y los procesos que constituyen el corazón del funcionamiento de las organizaciones. A nivel externo, se propone mirar la política pública, sus enfoques y posibles impactos particulares en la vida de las mujeres.
Sin embargo, uno de los mayores valores que tiene la Junta Central Electoral, además de los mencionados, son sus colaboradores y colaboradoras, sus servidores públicos, sus junteros y junteras. En representación de todos y todas, valoramos en este centenario a Digna Mercedes Díaz Rodríguez, quien en agosto cumple 50 años de servicio ininterrumpido en la Junta Central Electoral, cumple medio siglo de un siglo. En ella, las gracias a todos y todas.
Finalmente, estamos claros, que todo lo ejecutado solo constituyen granos de arena que alimentan poco a poco la legitimidad, la transparencia y la confianza. Nosotros, el Pleno de la JCE, ha tenido el privilegio de estar sentados aquí, en el centenario, pero los magistrados Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo, Samir Chami Isa y quien tiene el honor de dirigirles la palabra, solo vemos como cuerpo, como Junta Central Electoral, el compromiso de preservar la identidad, que es soberanía, y de organizar unas elecciones justas, transparentes e íntegras, como lo espera el pueblo dominicano, porque la democracia es paz.
Sabemos que es al final cuando cualquier voto de confianza se valida, por lo que esta Junta Central Electoral, su Pleno, reitera el compromiso de quedar bien, un compromiso que se sella con la sangre de nuestra dignidad.
¡Muchas gracias y bendiciones!
El centenario de la Junta Central Electoral (JCE) encuentra al órgano electoral comprometido con garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior. En el año 1997, con la entrada en vigencia de la Ley electoral núm. 275-97, República Dominicana se convirtió en el 6to país de América Latina en reconocer de manera formal el voto en el exterior y desde el año 2004 hemos garantizado su ejercicio a todos los dominicanos y dominicanas que se inscriben de manera voluntaria en el registro electoral del exterior. En octubre de 2022 iniciamos una campaña internacional con el objetivo de empadronar más de un millón de dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, la cual se titula “Empadrónate por la patria que llevas dentro”.
Author: CRDMedia
CRDMedia es un medio digital de comunicación en República Dominicana, comprometido con la defensa de los derechos de los ciudadanos.