Santo Domingo, RD. – La jornada legislativa del martes vio la aprobación de seis préstamos que sobrepasan la cifra de 1,200 millones de dólares. Este significativo desembolso financiero tiene como destino proyectos cruciales, entre ellos la expansión del Metro de Santo Domingo, la construcción de la Presa de Montegrande, y un ambicioso programa para mejorar la eficiencia energética en el país.
Uno de los aspectos destacados es el respaldo de 250 millones de dólares para la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, obtenido a través de un nuevo acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin embargo, la aprobación de este crédito generó divergencias entre los partidos, con la oposición cuestionando la eficacia de préstamos previos y argumentando que los costos asociados a esta nueva línea son exorbitantes.
Además, un préstamo por 236 millones 926 mil 411 dólares, suscrito entre el país y el BCIE, se orientará hacia el financiamiento del “Proyecto Construcción de Obras Complementarias de Riego y Suministro de Agua de la Presa Montegrande”. Aunque apoyado por algunos legisladores de la oposición, se expresó preocupación por la demora en la conclusión de esta obra que comenzó en 2006.
El tercer préstamo, suscrito con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (Jica), asciende a 36 millones de dólares y está destinado al “Mejoramiento de Eficiencia Energética de la República Dominicana”. La ejecución de este programa estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas.
En otra esfera, se autorizó un préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de “Gestión Costera Sostenible”. Este financiamiento será administrado por el Ministerio de Turismo (Mitur).
Finalmente, el quinto préstamo, por un monto considerable de 250 millones de dólares, se firmó con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 5 de julio de este año.
Es imperativo señalar que, a pesar de la importancia de estos proyectos, surge la inquietud en la opinión pública sobre el riesgo que representa la acumulación de préstamos por parte de este gobierno en los últimos tres años. La oposición destaca la necesidad de una gestión fiscal prudente y transparente para salvaguardar el bienestar económico del país a largo plazo.