El proceso judicial por corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) dio un giro este miércoles, cuando cinco de los diez imputados iniciaron acercamientos con el Ministerio Público para acogerse a un acuerdo de penal abreviado, admitiendo su culpabilidad en el fraude millonario contra el Estado dominicano.
De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, la contundencia de las pruebas recopiladas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha incrementado la presión sobre los encartados, algunos de los cuales cumplen prisión preventiva en la cárcel de Las Parras.
El grupo, encabezado por el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, está acusado de defraudar al Estado con más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores elevaron a 19,000 millones, en una estructura que habría operado entre 2020 y 2025.
Entre los cargos figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La fuente reveló que otros imputados también estarían dispuestos a negociar, mientras el Ministerio Público prepara una nueva fase de la investigación, denominada “SeNaSa 2.0”.
El próximo 30 de julio, el juez de control de las investigaciones, Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá la revisión obligatoria de las medidas de coerción de los imputados.
La Pepca, dirigida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, ha reiterado que las pesquisas no se limitan a hechos pasados, sino que alcanzan a otros actores vinculados al presente del organismo, lo que podría ampliar el alcance del caso.
Author: Redacción
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