Santo Domingo, RD. – La transparencia en la gestión pública vuelve a quedar en entredicho con un nuevo escándalo que salpica a la Contraloría General de la República. Rafael Emilio Neris Guerrero, director administrativo y financiero de dicha institución, ha sido señalado en las Redes Sociales como proveedor del Estado a través de la empresa **Rneris Costura Empresarial**, en una maniobra que va en contra de las disposiciones legales.
Según denuncias recogidas en redes sociales, Neris Guerrero no solo ha incumplido la prohibición de que los funcionarios públicos sean suplidores del Estado, sino que, apenas asumido el cargo en 2020, se sumó a un selecto grupo de “leones” que adquirieron vehículos de alta gama y se vieron beneficiados con contratos públicos de manera sospechosa.
El caso de “Rneris Costura Empresarial” levanta serias dudas sobre los mecanismos de control y fiscalización que deberían impedir estos abusos. La Contraloría, organismo encargado de velar por la legalidad de las erogaciones del Estado, se encuentra ahora en el ojo del huracán, al tener dentro de su propia estructura a un funcionario que estaría violando la normativa vigente.
La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas establece con claridad que los funcionarios con capacidad de decisión en las instituciones estatales no pueden ser suplidores del Gobierno. Sin embargo, el caso de Neris Guerrero demostraría que estas disposiciones siguen siendo letra muerta.
Es lamentable que “Carlos Pimentel Florenzán”, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, haya ignorado este caso de corrupción, a pesar de haber recibido la denuncia por múltiples vías. Resulta indignante que un funcionario de la Contraloría, como Rafael Emilio Neris, figure también como suplidor del Estado sin que hasta el momento se hayan tomado medidas al respecto.
Ante estas revelaciones, la sociedad exige respuestas: ¿Cómo es posible que un funcionario de alto nivel logre burlar la normativa y beneficiarse del erario sin consecuencias? ¿Qué acciones tomará la Dirección General de Contrataciones Públicas? ¿Habrá una investigación seria o quedará en la impunidad?
El silencio oficial no hará más que incrementar la indignación ciudadana. La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso real y no un simple eslogan de campaña.
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Author: Redacción
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