Por Redacción
CRDmedia
La crisis de agua potable que afecta a más de 800 mil residentes de Santiago y Espaillat desde el pasado 25 de diciembre no es un hecho aislado ni un accidente fortuito. Es el reflejo de un patrón de negligencia oficial que se repite en cada servicio público esencial: agua, electricidad, carreteras. Un gobierno que solo reacciona cuando la tragedia se le viene encima, incapaz de mantener, evaluar o diseñar sistemas que garanticen seguridad y dignidad a los ciudadanos.
El presidente provincial de la Fuerza del Pueblo en Santiago, Demóstenes Martínez, lo advirtió con claridad: el colapso del Acueducto Cibao Central es consecuencia directa del descuido y la falta de mantenimiento preventivo de una infraestructura con más de 30 años de antigüedad, cuyo deterioro había sido denunciado en reiteradas ocasiones. La población alertó, los técnicos alertaron, pero las autoridades decidieron postergar. El resultado es este: familias enteras sin poder cubrir necesidades básicas en plena Navidad.
El ingeniero Hamlet Otáñez fue aún más contundente: esto no es un simple inconveniente técnico, es una crisis urbana y sanitaria. Hospitales, clínicas, comercios y escuelas han tenido que improvisar soluciones precarias para garantizar higiene y control de infecciones. Santiago, una de las ciudades más dinámicas del país, paralizada por la falta de agua.
La situación del acueducto es solo un ejemplo de un problema mayor. Basta mirar la Autopista Duarte, donde cada año decenas de dominicanos dejan sus vidas por falta de mantenimiento, señalización y planificación. O los apagones que siguen afectando comunidades enteras, reflejo de un sistema eléctrico que nunca termina de estabilizarse. La improvisación y el abandono se han convertido en la norma.
Un gobierno que no entiende que sin agua no hay salud pública, sin carreteras seguras no hay movilidad, sin electricidad no hay desarrollo, se constituye en un peligro para sus ciudadanos. La gestión pública no puede seguir siendo un ejercicio de propaganda ni de intereses personales. Se requiere de funcionarios comprometidos con el buen servicio, no con los mejores beneficios propios.
La crisis del agua en Santiago debe ser una llamada de atención: el pueblo dominicano no puede seguir pagando las consecuencias de la inacción y la falta de planificación. La dignidad de la gente exige un Estado que prevenga, que mantenga y que actúe antes de que la tragedia golpee. Porque gobernar no es apagar incendios, es garantizar que nunca ocurran.
Author: Redacción
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