Por Rubén Blades
Lamento diferir con figuras como mi estimada amiga y ex-presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el asunto de la destitución de jueces en El Salvador.
Según leí en un diario en Panamá, la ex-presidenta cataloga el hecho como algo que “socava la democracia”.
Legalmente, no lo creo:
Primero: fue un Congreso debidamente electo democráticamente el que expidió la orden destituyendo a los Magistrados.
Segundo: la “separación de poderes” no existe en un país controlado por la corrupción.
Tercero: el derechista ARENA, partido cuyo liderazgo patrocinó el asesinato del Arzobispo Romero y miles de crímenes más, y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con miembros como Mauricio Funes, que llegó a la presidencia de El Salvador y el ex-presidente del Congreso Sigfrido Reyes, ambos denunciados por corrupción, demuestran que este problema en El Salvador es institucional y no se limita a un solo grupo ideológico.
Cuarto: tanto ARENA como el Farabundo Martí fueron derrotados en la pasada elección democráticamente celebrada en El Salvador .
El ganador fue un ex-miembro del Farabundo Martí corriendo como independiente, Nayib Bukele y esa elección también le otorgó una mayoría en el Congreso, a cargo del Poder Legislativo.
*Comentario:*
Lo que ocurre en El Salvador, corrupción en el poder administrativo, es parecido a lo que ocurre en Panamá y en muchos países latinoamericanos. En Panamá, la percepción nacional es que el Poder Legislativo y el Poder Judicial están, o en manos y al servicio de la corrupción, o la toleran.
En Panamá específicamente, la Asamblea controla al país de hecho. Ni siquiera admite que el Procurador de la Nación investigue independientemente las acciones de diputados envueltos en actos de posible ilegalidad; solo la Corte Suprema de Justicia puede investigar y/o juzgar a miembros de la Asamblea y solo la Asamblea puede juzgar a los Magistrados.
Como resultado, ninguno investiga al otro y la impunidad de actos dolosos esta garantizada.
A pesar de esta evidencia de alianza corrupta, en Panamá y otros países se continúa defendiendo el mito de una supuesta separación de poderes y negando su efecto nocivo en la institucionalidad, como si efectivamente no estuviesen el pueblo y la estructura administrativa rehenes de la corrupción de los que ocupan y dirigen al país.
¿Cómo esperar que un órgano corrupto se investigue a sí mismo con honestidad y objetividad? ¿Cómo esperar que un órgano administrativo corrupto acepte cooperar con los que pretenden eliminarlo del cuerpo institucional?
Repito: ¿cree alguien que una enfermedad va a cooperar con los doctores que buscan su cura y eliminación?
Apoyo completamente la necesidad de expulsar de la tarea administrativa a los que obstaculizan la lucha contra la corrupción, legalmente, o de la manera que sea.
Con Bukele en El Salvador no ha sido por las armas; un Congreso Nacional dictó el despido de los Magistrados. ¿Acaso en Panamá no necesitamos igual depuración, en una Corte Suprema donde los propios magistrados han acusado a sus colegas de vender fallos y advertido que si no los dejan quietos, “hablaran”?
¿O en un corrupto sistema judicial donde un caso demora veinte años o mas sin ser atendido o finalizado?
Y no comparen a Maduro con Bukele. Maduro desconoció a un Órgano Legislativo electo por el voto popular, porque ese poder era contrario a su ambición dictatorial.
Maduro creó una nueva Asamblea con el apoyo de una Corte Suprema plegada a su interés y alcahueta de sus intenciones antidemocráticas. Ese, no es el caso por lo menos al momento, del presidente Nayib Bukele de El Salvador.
Fue una Asamblea Nacional democráticamente electa la que decretó la remoción de los Magistrados, acto que hoy cuenta con el apoyo de mas del 70% de la población del país.
¿Acaso no es ahora “la voz del pueblo, la voz de Dios”?
¿Acaso la voluntad popular a favor de la acción del presidente Bukele no significa una certificación por su acto?
¿O eso solo funciona cuando son las partidocracias corruptas las que invocan el refrán cuando son electas con el pago por votos en una elección?
Nadie en Panamá cree que nuestro problema de corrupción en los órganos que componen nuestra “democracia” va a ser resuelto por los diputados, jueces y magistrados actuales. Y si como imagino nadie lo cree, ¿qué alternativa nos queda?
Este es el “carrusel” de absurdos: sabemos que la institucionalidad no existe porque la corrupción la domina, pero negamos su sustitución a menos que la corrupción lo permita, y alegamos aquello de que hay que “respetar a la institucionalidad”. O sea, ¿respetemos a la corrupción?
Solo un presidente(a) independiente podría en Panamá intentar semejante urgente depuración y como dudo que en el 2025 pueda ganar suficientes diputados como para facultar al Ejecutivo a “limpiar la casa” con apoyo legislativo, lo único factible en mi opinión seria que el pueblo apoye una Reforma a la Constitución que faculte a un nuevo presidente(a) electo en el 2025 a gobernar por decreto ley por un período no mayor de tres años, hasta el 2028, asumiendo todas las facultades de los otros dos órganos, el Legislativo y el Judicial, pero de manera provisional.
En esos tres años, y luego de eliminar las áreas de impunidad legal que permiten a la corrupción desgobernar al país, ese presidente(a) independiente RENUNCIA y llama a elecciones nacionales, ahora con una verdadera separación de poderes administrativos que permita a la Republica y a sus mejores y más capacitados ciudadanos y ciudadanas ocupar las posiciones que garanticen un gobierno honesto y capaz.
No sé qué va a hacer Bukele en el futuro. No sé si se convertirá en otra versión de Maduro, otro dictador más para una Centroamérica que ha visto mas dictaduras que tranquilidades.
Solo sé que en el 2021, salir de un corrupto sistema judicial es un imperativo para la mayoría de los países latinoamericanos, Panamá incluido.
Y no me hablen de que hay que respetar la institucionalidad y la separación de poderes en países corruptos hasta la médula. Ese cuento hoy ya no se lo cree ni el ser más bobo del planeta.
Y si el pueblo que vota es el pueblo que apoya a su presidente o presidenta cuando ordena la depuración de sus corruptos órganos de administración, no invoquen a Cuba, o a Maduro, ni en Cuba ni en Venezuela hay democracia.
En El Salvador la gente rechazó a los partidos ARENA (derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda), y voto por Bukele, (independiente). Esa fue la voz de un pueblo cabreado de la corrupción institucionalizada. ¿Ocurrirá en Panamá?