
La Romana, RD. – En medio del debate nacional sobre seguridad ciudadana y actuación policial, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, expresó su preocupación por las muertes de ciudadanos en presuntos intercambios de disparos y reclamó que las acciones contra el crimen se desarrollen con estricto apego a la Constitución y al respeto de los derechos humanos.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de juramentación de las direcciones provinciales, municipales y distritales del PRD en La Romana, donde el dirigente político también abordó diversos temas de interés nacional de cara al fortalecimiento de la organización con miras a las elecciones de 2028.
Vargas sostuvo que la lucha contra la delincuencia es una necesidad para el país, pero advirtió que ningún esfuerzo de seguridad puede justificar actuaciones que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, manifestó que el respeto a la ley debe prevalecer en todas las intervenciones de los organismos responsables del orden público.
El líder perredeísta también cuestionó la continuidad de la práctica conocida como “intercambios de disparos”, señalando que durante años este tipo de situaciones no ha logrado ofrecer una solución definitiva a los problemas de criminalidad e inseguridad que afectan a la población dominicana.
Durante su intervención, afirmó que los distintos planes de seguridad anunciados en los últimos años no han producido los resultados esperados, lo que, a su juicio, ha contribuido a mantener una creciente percepción de inseguridad entre las familias dominicanas.
Asimismo, señaló que las promesas de reforma policial continúan enfrentando importantes desafíos y consideró que las autoridades deben presentar respuestas más efectivas para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Más allá de la seguridad, Vargas también aprovechó el escenario para referirse a otras preocupaciones nacionales, mencionando dificultades en áreas como electricidad, transporte, salud y educación, además del incremento del costo de la vida que afecta a amplios sectores de la sociedad.
Las declaraciones del dirigente político reabren el debate sobre el equilibrio entre el combate a la delincuencia y el respeto a los derechos humanos, un tema que continúa ocupando un lugar central en la agenda pública dominicana.