Santo Domingo, RD.–En octubre pasado, en una edición de los medios de comunicación en este municipio, los comunitarios denunciaron que era una situación de alta preocupación para los habitantes.
La desesperación se ha apoderado de miles de moradores en el distrito municipal La Caleta, Santo Domingo Este, y en el paraje El Cercado, en Constanza, ante las constantes amenazas de desalojo que padecen.
A casi un mes de haber protagonizado una protesta en rechazo a los desalojos en la comunidad, residentes de La Caleta, continúan recibiendo citas y notificaciones de quienes se proclaman propietarios de los terrenos donde están construidas sus viviendas.
Comunitarios del distrito municipal, señalaron que tras la huelga realizada el 16 de junio de este año, a través del senador de la provincia, Antonio Taveras Guzmán, en condición de comisionado, se coordinó un encuentro con el presidente Luis Abinader, a fin de tratar la situación y que los terrenos sean declarados de utilidad pública. A la fecha, los comunitarios se mantienen a la espera del encuentro, donde también se abordará la situación de otras localidades de la provincia, que se encuentran en un escenario similar.
Santos Carvajal, coordinador del Consejo de Desarrollo Comunitario de la Caleta (Codecoc), explicó que al menos seis parcelas representan gran preocupación, por ser las de mayor extensión de la localidad, donde residen cerca de 90,000 habitantes.
Estas parcelas son la 213, 218 A y B, la 210B, que agregó es la parcela más grande de todas, la 195, 196 y 197, entre otras. Esta situación de los desalojos también afecta a la urbanización Barrio Progreso, en La Caleta, donde estaba destinada un área verde y al disponerse a iniciar la construcción de un parque, cinco personas con títulos se proclamaron dueños del terreno, conforme denunció Sócrates Peguero.
Moradores de La Caleta han realizado varias protestas en rechazo a los desalojos.
En octubre pasado en una edición de los medios de comunicación en este municipio, los comunitarios denunciaron que esta era una situación de alta preocupación para los casi 90,000 habitantes. En esa ocasión adelantaron que el presidente Abinader designó al senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, en condición de comisionado para la mediación entre los terceros, algunos constituidos en persona jurídica y los moradores.
“Tienen que declararlo de utilidad pública, si no lo declaran de utilidad pública y le pagan a los dueños, la Constitución entonces estaría violándose y el presidente no quiere esa situación. Es un proceso muy grande, porque según estudios más del 70% de las familias dominicanas vivimos en terrenos que no son nuestros ni son del Estado, sino que son de particulares”, agregó Carvajal, coordinador del Codecoc, en esa ocasión.
En respuesta a esto, Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, dijo que el Estado no está desalojando personas.
“Contrario a estar desalojando, desde el gobierno lo que estamos es titulando a quienes no están regulados, siempre y cuando los terrenos sean del Estado; ahora bien, si esas tierras son propiedad privadas o tienen problemas con terceros, ya ese es un tema de la justicia que nosotros no tenemos nada que ver”.
Burgos Gómez dejó claro que el gobierno no busca intranquilizar a la población con el tema del desalojo siempre y cuando sean terrenos del Estado; de lo contrario, ya es un proceso en el que no tiene injerencia.
el cercado de constanza
Bajo la consigna “no al desalojo”, decenas de familias del paraje El Cercado en el municipio de Constanza, provincia La Vega, realizaron una concentración pacífica para pedir la intervención del Gobierno central con el fin de evitar que sean desalojados de esta localidad.
Estas familias llevan más de 23 años residiendo en el complejo habitacional El Cercado, desde que fueron reasentados allí tras resultar damnificados por el huracán Georges en 1998.
Explican que los propietarios de los terrenos donde se encuentran construidos los apartamentos multifamiliares han planteado en varias ocasiones desalojarlos, alegando que el Gobierno aún no les ha pagado por la compra de estas tierras, que fueron negociadas y ocupadas en 1989 por el entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer.
“Estamos aquí en una protesta pacífica, enviándole un mensaje al presidente Luis Abinader, para que por favor ayude a estas personas; mire cómo es que ellos viven, a donde irán con estos niños, son personas pobres que no tienen a donde ir. Solamente usted y Dios pueden solucionar este problema”, indicó Kelvin Reyes, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Constanza.
Asimismo, uno de los comunitarios afectados identificado como Milciades Valenzuela Lara expresó que “nosotros somos padres de familia y no tenemos para dónde irnos, queremos que el Gobierno nos dé su mano amiga. Desde hace tiempo nos están amenazando con desalojarnos y esto nos causa gran preocupación a todos”.
Alrededor de 300 familias residen en los reconocidos “Multifamiliares El Cercado”, las cuales llevan años realizando protestas y marchas para llamar la atención de las autoridades para resolver esta angustiante situación, sin que hasta el momento obtengan resultados positivos.
Yanki Suriel, regidor de la Sala Capitular de Constanza, estableció que entiende que el Gobierno central tiene la posibilidad para resolver esta situación, considerando la alta cantidad de jóvenes y envejecientes que aquí habitan, y los cientos de familias que por más de 20 años han estado han estado aquí y viviendo en condiciones paupérrimas.
Regidor
Deben buscar un acuerdo
Abandonadas.
“Son unas construcciones que están abandonas y estas familias han hecho lo posible para mantenerlas”, puntualizó Yanki Suriel, regidor de la Sala Capitular de Constanza.
Se espera que las autoridades puedan llegar a un acuerdo con los propietarios de estos terrenos y que se culmine la construcción que por más de 22 años se encuentra en polémica. Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene entre familias que necesitan sobrevivir.
Author: CRDMedia
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