¿Quién interroga a los que matan en nombre del Estado?

 

Del Congreso de EE.UU. al Congreso dominicano: el silencio que encubre la sangre

Por Redacción
CRDmedia

Estado del sistema judicial en la República Dominicana

La tragedia ocurrida en Santiago, donde agentes de la Policía Nacional y la DICRIM asesinaron a cuatro supuestos delincuentes y a un joven barbero inocente, no es un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que ha perdido el control, donde la reforma policial se ha convertido en una cortina de humo para encubrir abusos, ejecuciones extrajudiciales y negligencia institucional. En lo que va del año 2025, más de 170 personas han muerto en intervenciones policiales, muchas de ellas sin esclarecer, y con patrones que apuntan a una cultura de fuerza desmedida y falta de supervisión.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los congresistas demócratas citaron al director del FBI y lo interrogaron por el despido de agentes involucrados en investigaciones contra el presidente Donald Trump. Lo enfrentaron públicamente, lo obligaron a rendir cuentas ante el país. Ese ejercicio de contrapeso democrático es lo que aquí brilla por su ausencia. ¿Por qué en República Dominicana no ocurre lo mismo cuando un funcionario defrauda al pueblo o cuando una institución acumula decenas de muertos sin consecuencias?

¿Dónde está la oposición dominicana? ¿Dónde están los contrapesos que deberían proteger al pueblo de funcionarios que se creen dioses, por encima de la ley y de la función que juraron representar? La oposición no puede limitarse a emitir comunicados tibios o a guardar silencio estratégico. Su rol es fiscalizar, exigir, representar. Y en este caso, ha fallado.

La ministra del Interior, Faride Raful, y el jefe de la Policía Nacional deberían haber sido convocados al Congreso para ser interpelados. No en una audiencia secreta, como acostumbra este gobierno, sino en una sesión pública, abierta a la prensa, donde se les cuestione por cada vida perdida, por cada operativo sin protocolo, por cada joven asesinado sin juicio. La cifra de muertos en balaceras policiales no es un número: son familias destruidas, comunidades aterradas y una democracia que se desangra.

El Congreso no puede seguir siendo un espectador. Debe ser un tribunal político y moral que exija explicaciones. Porque si no hay interpelación, no hay justicia. Y si no hay justicia, la impunidad seguirá matando. La democracia exige transparencia, y la transparencia comienza por poner a los responsables frente al país, sin privilegios ni evasivas.

Además, los organismos de control, como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deben pronunciarse con firmeza. No basta con condenar los hechos en comunicados. Se requiere acción institucional, seguimiento legal y presión pública. La reforma policial no puede seguir siendo una promesa vacía mientras los muertos se acumulan.

Como medio de comunicación, hemos denunciado estos hechos con firmeza y responsabilidad. Y si el Congreso necesita escuchar voces que representen el sentir ciudadano, estamos dispuestos a comparecer. A ser interpelados. A presentar los datos, los testimonios, los patrones que evidencian que la reforma policial no está funcionando. Porque el periodismo no solo informa: también fiscaliza, también exige, también representa.

Este editorial es un llamado. A los legisladores, a los medios, a la sociedad civil. A no dejar que la sangre derramada en Santiago y en tantos otros rincones del país se convierta en una estadística más. A exigir que los responsables respondan. A que la reforma policial deje de ser un discurso y se convierta en una transformación real. Porque si no lo hacemos ahora, ¿cuántos más tendrán que morir?

Redacción
Author: Redacción

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