SEGURIDAD CIUDADANA VISTA DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL.

Actualmente, todas las sociedades que hacen frente a esta encrucijada la realizan mediante una variedad de operaciones de gestión pública por medio de planes que articulan, en distintos grados, la intervención de las diversas instituciones del Estado.

Gneral Rafael Guillermo Guzman Fermin, El autor es miembro del Círculo Delta.

Por: Rafael Guillermo Guzmán Fermín
Ciudadania RD Media

La inseguridad ciudadana se manifiesta y a la vez se define como un problema social, y como tal, se ha situado en la primacía de la agenda social del país. Esto significa que en términos de opinión pública, tarde o temprano, la inseguridad se convertirá, más que hoy en día, en un tema eminentemente político, respecto del cual, le corresponderá a los organismos del Estado la ineludible responsabilidad de rediseñar las políticas, planes y programas que tiendan a superar esta afección estableciendo prioridades en sus programaciones financieras en el Presupuesto Nacional y agenciando los fondos necesarios para la “inversión” que garantice la sostenibilidad de los mismos, procurando concomitantemente la estructuración y delimitación de las necesidades legítimas de los demás actores de la sociedad dentro del marco de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Para utilizar algunas herramientas conceptuales es necesario destacar que la sociedad de hoy debe ser vista, analizada y tratada como un gran “sistema social”, en donde en su interior se ha producido una aceleración de su “metabolismo” gracias a la evolución tecnológica e industrial que ha impactado notablemente en el crecimiento operacional de sus “subsistemas internos”, y que ha transmutado los componentes de la administración social, la gestión económica y el quehacer político catalizada por la transculturización de alcance global.

Es indudable que este acelerado proceso del “metabolismo social” ha generado una sociedad cada vez más compleja caracterizada por una creciente autonomía en sí misma, una pronunciada tendencia a la división del trabajo enfocada en la especialización en base al conocimiento, un cambio en la escala de valores y principios influenciadas por la corriente del individualismo moral, haciendo cada vez más difícil alcanzar formas de consenso mediante la interacción de la opinión pública a través de la discusión libre de los temas públicos y sociales.

Por tanto, ante esta dificultad de establecer intereses generales dentro del conjunto social, una solución apropiada al abordaje de este trastorno debería ser mediante la implementación de planes operacionales de carácter parcial aplicados a los “subsistemas sociales” para luego, como Estado, poder visualizar el conjunto de esas áreas parciales y coordinar la interacción entre ellas como un todo unificado, en un plan estratégico. Tal como un médico internista procura la salud de un paciente tratando parcialmente el “sistema general de su salud” en los distintos “subsistemas” (sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema inmunológico, etc.) para luego referir a dicho convaleciente a sus respectivos “especialistas” de esos subsistemas, facilitando la evaluación y tratamiento del paciente hasta lograr su sanidad.
Para ello, enumeraremos los principales desafíos de la Seguridad Ciudadana desde una perspectiva social:

1.- Voluntad política. No definida desde la errada interpretación de que tal acción depende de la decisión del gobierno de turno, sino más bien, desde la “voluntad política” planteada por Rousseau, en donde la sumatoria de los diferentes intereses comunes convergen en una voluntad general. O sea, a que el poder político de turno logre el consenso y coaliciones con los diferentes partidos políticos para la concertación de un gran “acuerdo nacional” a largo plazo para asumir las corresponsabilidades del diseño e implementación de todas las políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad ciudadana como un derecho constitucional de los ciudadanos.

2.- Desarrollar la capacidad de gestión de todo el Sistema Judicial. Abarcando los cuatro subsistemas que la componen como son: la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Penitenciario. ¿Qué ha ocurrido con la capacidad punitiva del Estado? Pues ha pasado del derecho puramente legal al plano político de lo que se podría llamar el “populismo garantista” o el “populismo punitivo” (una especie de justica selectiva que genera impunidad, desconfianza en las autoridades, fortalecimiento de la delincuencia, etc.).

3.- Perfeccionar las propuestas para una reforma policial equilibrada y un cambio de visión del Ministerio de Interior y Policía. Esta cartera es vista, generalmente, como un ministerio político, donde prevalece la política sobre la conducción profesional de la seguridad. Agravada por la inexistencia de una cultura amplia sobre el estudio de los temas de seguridad, que sumada al secretismo institucional hacen del tema en cuestión un generador de desconfianza y de desconocimiento de las operaciones policiales en el ámbito académico. Además de que no se pueden hacer estas propuestas de reformas sin involucrar a la policía en este proceso.

4.- Capacidad de enfrentar exitosamente las situaciones políticas desfavorables.
Este desafío está íntimamente vinculado a la “musculatura” del gobierno de turno para soportar las presiones multisectoriales de intereses que convergen en el tema de seguridad, al decisivo respaldo político tanto a la gestión para dar continuidad a las políticas diseñadas, como también, de estabilidad a los equipos humanos encargados de implementarlas. Además de asegurar la cuantiosa inversión en términos de recursos económicos del presupuesto nacional acompañada de la “conciencia” estatal y colectiva de que todos estos cambios requieren de tiempo, puesto que normalmente, tanto los ministros como los ejecutivos de la policía, no disponen.

5.- Elaboración de un plan para la implementación de la reforma policial junto a las del Sistema Judicial. Obtenido el plan hay que garantizar que el estamento político se involucre en la ejecución y supervisión del mismo, manejando con habilidad y prudencia el delicado proceso de cambios institucionales, desarrollando también las “coaliciones político-sociales” fuera de la policía, que mencioné en principio, y las “alianzas internas” en la institución con todos aquellos miembros con liderazgo que estén a favor y dispuestos a “jugárselas” por el cambio.

6.- Vencer la tentación de que las urgencias del momento pospongan la agenda de la Seguridad Ciudadana. Este último desafío es muy importante contenerlo pues los políticos cuando detentan el poder suelen ser muy “sensibles” ante situaciones emergentes y, debido a la inexistencia de un sistema de seguridad ciudadana debidamente organizado, en pleno proceso de cambios y una pobre tradición de colaboración interinstitucional, el mando político tiende a ceder ante la tentación de postergar la agenda en cuestión para atender las urgencias del momento político, pero que son menos relevantes frente al interés nacional. Para evitar esto, hemos mencionado el fomento de las alianzas e involucrar más activamente los ayuntamientos para el desarrollo de la seguridad local con la corresponsabilidad de las comunidades.

7.- Modificación del Código Procesal Penal y Código Penal. Con la firme intención de fortalecerlo.Visto todo el contexto, es indiscutible que el Estado es el principal integrador social, pero si este Estado entra en un proceso de descomposición o debilidades tal situación generará impunidad, lo que, a su vez, provocará desconfianza y un clima de incertidumbre dentro de la sociedad en el “sistema de seguridad” lo que podría degenerar en la ley de la selva: el de hacer justicia por sus propias manos. Pues cuando el Estado no ejerce su “autoridad” aparecen todo tipo de competidores prestos a llenar ese “vacío de poder”, que por lo general son los delincuentes.

De manera que, desde la óptica social, es preciso destacar que el término “seguridad ciudadana” comparte los mismos principios de un Estado social y democrático de derecho al ejercer la delicada tarea de la “seguridad interior”, por ello, es necesaria la interacción coordinada del Estado, junto a sus diversas instituciones, así como también, con la ciudadanía junto a sus instituciones privadas y comunitarias para la formulación y ejecución de políticas y estrategias preventivas que enfrenten exitosamente las amenazas y peligros que atentan contra el conglomerado social.

Por ello, es de vital importancia para superar estos desafíos, tomar en cuenta que las conceptualizaciones modernas que delimitan estas amenazas y peligros sociales incorporan, por un lado, las eventuales causas de las amenazas a la vida, a los bienes de las personas y a sus derechos y dignidad, junto con los factores generadores de pobreza, desempleo, dificultades de acceso a la salud, a la educación, los apagones de energía eléctrica, entre otros.

Por estas razones se hace cada vez más necesaria las alianzas estratégicas con la ciudadanía fortaleciendo la “prevención socio-policial” que se fundamenta en la proximidad física y social con los ciudadanos, en base a la capacidad que poseen las comunidades de desarrollar, en sus “subsistemas locales”, su propia “racionalidad pragmática” como herramienta que contribuya con el diseño de modelos de “prevención del delito” en el ámbito local que, orientada a la perspectiva situacional, lograrían reducir las oportunidades de delinquir debido a la ejecución de “operaciones policiales y sociales” de carácter específico y focalizado, sin detrimento de las estrategias de carácter estructural aplicadas en el plano nacional.

Finalmente, como se ha destacado a lo largo de este ensayo, la “receta” a la problemática de la inseguridad tiene efecto bajo un ambiente altamente complejo, típico de sociedades diferenciadas y en vías de desarrollo, tornándose como un gran desafío para las autoridades del Estado lograr el incremento de la seguridad ciudadana, enfocándose especialmente en el fortalecimiento de la prevención social del delito -ya que la policía de investigaciones criminales junto al ministerio público han demostrado ser muy efectivas- dejando en el pasado las clásicas modalidades de coordinación de políticas jerarquizadas, de la “lógica” de intereses políticos y de la medición de éstas en base a encuestas en detrimento de los métodos de las ciencias profesionales especializadas de los diversos subsistemas, sino más bien, en la creación de un nuevo “sistema de coordinación social” sustentada en la construcción de “redes sociales interconectadas”, logrando de este modo aunar la multiplicidad de voluntades para no sentir temor al tamaño de los grandes desafíos.

El autor es miembro del Círculo Delta.