Por: Redacción
CRDmedia
La denuncia hecha por la Fuerza del Pueblo (FP) sobre el supuesto proyecto de ley impulsado por legisladores oficialistas del PRM no puede pasar desapercibida. Si lo que se cocina en el Congreso es realmente una iniciativa para legalizar pagos millonarios de obras sin contratos ni procesos de licitación, entonces estamos frente a un atentado contra la transparencia y la institucionalidad del Estado dominicano.
¿Con qué espíritu legislan quienes promueven semejante despropósito?¿Qué compromiso tienen con la sociedad que los eligió? Porque aprobar una ley que autorice pagos a personas y empresas sin verificar la existencia de las obras, los montos o los contratos es, en esencia, convertir la corrupción en norma. Es institucionalizar el abuso y blindar la impunidad.
El proyecto, ya aprobado en la Cámara de Diputados y bajo estudio en el Senado, vulnera principios constitucionales como la responsabilidad financiera y la legalidad presupuestaria. Además, debilita los mecanismos de control del gasto público y abre la puerta a un endeudamiento irresponsable. En otras palabras, se pretende que el Estado pague por obras fantasmas, comprometiendo recursos que deberían destinarse a salud, educación y desarrollo.
La insistencia en retomar esta iniciativa, pese a que el Poder Ejecutivo la observó anteriormente, revela una peligrosa desconexión de ciertos legisladores con la ética pública. No legislan para el pueblo, legislan para intereses particulares. Y esa traición a la confianza ciudadana es lo que más indigna.
El Senado tiene ahora la responsabilidad de frenar este atropello. Y si no lo hace, el Poder Ejecutivo debe rechazarlo con firmeza. La República Dominicana no puede permitirse que la corrupción se disfrace de ley. La sociedad exige transparencia, rendición de cuentas y respeto a la Constitución, no atajos legislativos que conviertan la ilegalidad en política de Estado.
Author: Redacción
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