China debe pagar por iniciar la pandemia de coronavirus

Por: Gordon G. Chang

Por primera vez en la historia, un país ha atacado -al mismo tiempo y en un solo movimiento audaz- a todos los demás.

China cometió ese horrible crimen al tomar medidas, en diciembre de 2019 y enero del año pasado, para propagar deliberadamente el Covid-19 más allá de sus fronteras.

La comunidad internacional debe ahora imponer los costos más severos al régimen chino para, entre otras cosas, establecer la disuasión. ¿Por qué? El régimen chino ha cometido el crimen de este siglo y puede estar planeando otro acto horrible.

El primer caso, por cierto, no tiene ninguna relación con el mercado húmedo de Wuhan. Los que creen en la teoría zoonótica de la transmisión apuntan al mercado húmedo como lugar de transmisión.

El origen del coronavirus aún está por determinar. El 26 de mayo, el presidente Joe Biden ordenó a la comunidad de inteligencia que informara en 90 días sobre los orígenes.

Pekín admitió públicamente por primera vez que el Covid-19 era transmisible de un ser humano a otro el 20 de enero del año pasado. Sin embargo, los médicos de Wuhan sabían con certeza desde la segunda semana del mes de diciembre anterior que las transmisiones de persona a persona se producían a gran velocidad. Por tanto, Pekín lo sabía o tenía que saberlo unos días después.

Los dirigentes chinos emprendieron entonces una campaña de engaño. Aseguraron a la Organización Mundial de la Salud que tales transmisiones no eran probables. Como resultado de las garantías de China, la OMS emitió una declaración el 9 de enero y su infame tweet del 14 de enero, ambos propagando la falsa garantía china.

Para empeorar las cosas, el gobernante chino Xi Jinping presionó a los países para que no impusieran restricciones de viaje a las llegadas desde China mientras él cerraba, entre otros lugares, Wuhan y los alrededores de su propio país. Al cerrar China, obviamente pensaba que estaba deteniendo la propagación de la enfermedad. Al apoyarse en otros países para no imponer restricciones a los viajes, sabía o tenía que saber que estaba propagando la enfermedad. Los pasajeros que salieron de China convirtieron una epidemia que debería haberse limitado al centro de China en una pandemia mundial.

Xi vio claramente cómo el coronavirus paralizaba su propia sociedad. Si hubiera querido paralizar a otras sociedades para igualar las condiciones, habría hecho exactamente lo mismo. La única explicación que se ajusta a los hechos es que Xi propagó maliciosamente el Covid-19 al mundo.

Tras admitir que el virus era transmisible de persona a persona, China intentó convencer al mundo de que la enfermedad no era grave. El 21 de enero, al día siguiente del anuncio de Pekín sobre el contagio, los medios de comunicación estatales dijeron que la enfermedad no sería tan grave como el SARS, la epidemia de 2002-2003. El SARS infectó a unas 8.400 personas y mató a unas 810. Sin embargo, para entonces los dirigentes chinos sabían que el Covid-19 era mucho peor que el SARS, ya que habían visto lo que la nueva enfermedad estaba haciendo en su propio país. Esta falsa afirmación tuvo consecuencias: Los países de todo el mundo, incluidos los EE.UU., se vieron inducidos a no tomar las precauciones necesarias.

“Los gobiernos cuyas decisiones conducen a sabiendas a la muerte y el sufrimiento de millones de inocentes y a la dislocación y destrucción económica masiva deben ser plenamente responsables, moral, legal y financieramente”, dijo a Gatestone el rabino Abraham Cooper, del Centro Simon Wiesenthal.

El camino para hacer responsable a China, al menos legal y financieramente, no es fácil, por desgracia.

Los demandantes pueden, por supuesto, demandar a China por las pérdidas sufridas. Ya se han presentado demandas en California, Florida, Luisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas.

Como dijo a Gatestone John Houghtaling, de Gauthier Murphy & Houghtaling, un importante bufete de abogados especializado en demandas colectivas, hay “tres grandes obstáculos” para la recuperación: la doctrina de la inmunidad soberana, la carga de la prueba y el cobro de las sentencias.

El primer obstáculo detiene una demanda en su camino. La legislación estadounidense, la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera de 1976, bloquea la mayoría de las acciones contra gobiernos extranjeros.

De hecho, los analistas de política exterior de todas las tendencias se oponen a la supresión de la inmunidad soberana, argumentando que se trata de una cuestión de “reciprocidad”, que otros gobiernos impiden las demandas contra Estados Unidos porque Estados Unidos impide las demandas contra ellos. Argumentan que los funcionarios estadounidenses estarían sometidos a un acoso interminable si Washington despojara a otros gobiernos de esta protección.

Los defensores de la inmunidad soberana tienen argumentos válidos, pero hay factores primordiales. Los crímenes contra la humanidad son tan atroces que no se debe impedir que nadie pida una indemnización.

La propagación del coronavirus por parte de Pekín constituyó un crimen de este tipo. La propagación fue deliberada o imprudente y, en cualquier caso, los dirigentes chinos tenían que saber que sus actos injustificables provocarían muertes en todo el mundo. Hasta este momento, 3.579.000 personas han muerto a causa del Covid-19, incluidos 596.000 estadounidenses. El régimen chino cometió un asesinato en masa.

Los asesinos en masa no merecen la protección de la inmunidad soberana. De hecho, los regímenes que han cometido asesinatos en masa han sido responsabilizados, normalmente tras negociaciones entre gobiernos. Libia, por ejemplo, indemnizó a las familias de las víctimas por el derribo de la Pan Am 103, el atentado de Lockerbie, en 1988. El pasado mes de octubre, Sudán pagó 335 millones de dólares a Estados Unidos para su posterior distribución entre las víctimas de cuatro actos terroristas.

Además, los demandantes, al menos como cuestión técnica, deberían poder superar la defensa de inmunidad soberana: El Partido Comunista de China, que controla el gobierno central chino, no es un soberano. Es sólo uno de los nueve partidos políticos permitidos en China, por lo que no puede ser considerado un soberano. El estado de Missouri, sabiamente, demandó al Partido Comunista, que se autodenomina organización política revolucionaria.

El Partido Comunista es rico en activos. No sólo controla el gobierno central de China -y, por tanto, tiene acceso a sus activos-, sino que el Ejército Popular de Liberación depende directamente de la Comisión Militar Central del Partido, no del Estado. Esto hace que los militares chinos puedan ser embargados en virtud de una sentencia judicial.

En cualquier caso, dos congresistas de Pensilvania, uno demócrata y otro republicano, han presentado la Ley de Prevención del Brote Internacional Nunca Más, que autoriza a las familias de las víctimas del Covid-19 a demandar a cualquier país que “engañe intencionadamente a la comunidad internacional sobre el brote”.

Castigar a China, confiscando sus activos, por ejemplo, enviaría un poderoso mensaje a Pekín de que Washington no tolerará el asesinato de estadounidenses. Es absolutamente esencial que la administración Biden desengañe a los líderes chinos de la idea de que pueden propagar el próximo patógeno, o cualquier otra cosa que estén planeando, sin coste alguno.

Recordemos lo que está en juego. En los laboratorios chinos, los investigadores están preparando agentes patógenos mucho más mortíferos que el SARS-CoV-2, incluidos aquellos que dejarían inmunes a los chinos pero que enfermarían o matarían a todos los demás. La próxima enfermedad procedente de China, por tanto, podría dejar a este país como la única sociedad viable del mundo. Llámalo un “asesino de la civilización”.

Estados Unidos, por tanto, debe #HacerPagarAChina.

Fuente: Noticias De Israel