Por: Redacción
CRDmedia
La reciente tragedia que ha estremecido a la sociedad dominicana —el asesinato de una joven que había denunciado violencia y amenazas— nos recuerda una verdad dolorosa: denunciar no siempre significa estar protegida. El sistema recibe la alerta, pero no actúa con la rapidez ni la contundencia que la vida de una mujer en riesgo exige.
Cada feminicidio tras una denuncia es un fracaso institucional. No basta con llenar formularios o emitir citaciones; la prioridad debe ser salvar vidas. Por eso, República Dominicana necesita revisar de manera urgente sus protocolos de atención y protección para mujeres que denuncian violencia de género.
Un paso esencial es implementar un sistema de evaluación inmediata del nivel de riesgo. No todas las denuncias son iguales: amenazas directas, antecedentes de agresión, persecución o posesión de armas son señales de peligro inminente. Cuando una mujer es clasificada en alto riesgo, el protocolo debe activarse de inmediato con medidas extraordinarias de protección.
Entre esas medidas, resulta vital que la víctima pueda ser trasladada bajo custodia a un lugar seguro mientras las autoridades buscan al agresor. No tiene sentido que una mujer denuncie amenazas de muerte y luego salga sola de una fiscalía, expuesta al mismo peligro. El tiempo entre la denuncia y la captura es, muchas veces, el momento más vulnerable.
La violencia de género no puede seguir tratándose solo como un asunto judicial. Es una emergencia de seguridad pública y de derechos humanos. Cuando una mujer denuncia, está diciendo: “mi vida está en peligro”. El Estado tiene la obligación moral y legal de responder con eficacia, para que ninguna otra vida se pierda por la falta de acción.
Author: Redacción
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