Por Redacción
CRDmedia
La decisión del Poder Ejecutivo de suspender el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración de la Batalla del 30 de Marzo en Santiago constituye un acto que hiere profundamente la memoria histórica de la nación. Bajo el pretexto de medidas de austeridad, se ha relegado a un segundo plano una fecha que debería ser motivo de exaltación patriótica y de reafirmación de nuestra identidad.
La intelectual Carmen Imbert Brugal lo expresó con claridad: estas jornadas deben ser espacios para “rememorar y discutir hazañas, para repetir discursos y para la exaltación de heroísmos y bravuras”. Sin embargo, las actuales autoridades han preferido el silencio y la reducción de actos, como si la sangre derramada por nuestros héroes pudiera ser borrada con un decreto administrativo.
La Batalla de Santiago, librada el 30 de marzo de 1844 bajo el liderazgo de José María Imbert Duplessis, consolidó la independencia proclamada el 27 de febrero. Fue un episodio decisivo que aseguró la soberanía frente a las amenazas externas. ¿Cómo justificar entonces que se minimice su conmemoración, cuando debería ser un día de fervor nacional?
El argumento de la austeridad resulta insuficiente y hasta ofensivo. ¿Acaso no podrían financiarse estas celebraciones con la eliminación de privilegios y gastos superfluos de funcionarios que parecen desconocer límites? La suspensión del desfile revela prioridades equivocadas y una peligrosa tendencia a borrar símbolos que sostienen nuestra identidad colectiva.
La memoria histórica no es un lujo, es un deber. Al renunciar a la exaltación pública de nuestros héroes, el Gobierno actual se convierte en propiciador del olvido patriótico, debilitando el vínculo entre ciudadanía y nación. La historia no puede ser administrada como una partida presupuestaria más.
El pueblo dominicano merece ver en las calles la representación de su valentía, el eco de las batallas que nos dieron libertad. La ausencia del desfile es también la ausencia de un mensaje de unidad y orgullo nacional. Se nos priva de un ritual que fortalece la conciencia histórica y que transmite a las nuevas generaciones el valor de quienes defendieron la patria.
La decisión del Ejecutivo es, en esencia, anti patriótica. No basta con un Tedeum o con actos menores: la conmemoración exige visibilidad, exige presencia en el espacio público, exige que la nación se mire a sí misma y recuerde de dónde viene.
El olvido institucionalizado abre la puerta a la indiferencia y a la desmemoria. Si se permite que las fiestas patrias se reduzcan o se diluyan, mañana será más fácil justificar la desaparición de otros símbolos nacionales. La patria se defiende también en la memoria, y hoy esa defensa ha sido abandonada.
Este editorial denuncia con firmeza que las actuales autoridades, encabezadas por el presidente Luis Abinader, han optado por la comodidad del recorte antes que por la grandeza de la conmemoración. Con ello, se convierten en responsables de un acto de borrado histórico que no debe pasar inadvertido. La Batalla del 30 de Marzo exige respeto, y el pueblo dominicano no puede aceptar que se le robe la oportunidad de honrar a sus héroes.
Author: Redacción
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