
Santo Domingo, RD. – El Gobierno dominicano anunció este jueves un plan de austeridad y eficientización del gasto público con el que proyecta ahorrar alrededor de RD$40,000 millones, en respuesta al impacto económico generado por la crisis en Medio Oriente y el aumento de la factura petrolera nacional.
El anuncio se realizó durante el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que el ajuste se enfocará en la reducción de gastos operativos no prioritarios, incluyendo la limitación en la compra de vehículos, el recorte de publicidad oficial, la racionalización de combustibles y la reducción de viáticos y pasajes.
Entre las medidas más contundentes figura la propuesta de reducir en un 50 % el presupuesto destinado a los partidos políticos, además de un control más estricto sobre las transferencias hacia organismos autónomos con capacidad de generar ingresos propios.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, subrayó que cada incremento de US$10 en el barril de petróleo representa un costo adicional de US$763 millones anuales para la factura energética del país, lo que obliga al Estado a reprogramar sus gastos para mantener los subsidios que protegen a los sectores más vulnerables.
El equipo económico, liderado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reconoció que el país enfrenta uno de los desafíos de precios más severos de su historia reciente, con un alza del petróleo superior al 80 %. No obstante, resaltó que la República Dominicana cuenta con reservas internacionales de más de US$16,000 millones y una estabilidad cambiaria sólida, factores que permitirán sostener la inversión pública y los programas sociales mientras se aplica la política de austeridad.
La oposición había solicitado semanas antes un plan de ahorro real, criticando el nivel de gasto corriente y lo que calificaron como “despilfarro” en publicidad estatal y nómina pública. El anuncio del Gobierno responde a esas demandas y marca el inicio de un período de ajuste fiscal con impacto directo en la administración pública y en el financiamiento político.