Por Redacción
CRDmedia
La Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha generado un debate significativo en la sociedad dominicana. Esta legislación, conocida como la Ley del DNI, se percibe como un instrumento de represión que amenaza la libertad de pensamiento y expresión. En una era donde cualquier persona con un smartphone puede actuar como reportero, la ley podría disuadir a aquellos en posiciones de poder de cometer abusos, sabiendo que podrían ser grabados.
Las implicaciones de esta ley son profundas y afectan a todos los ciudadanos. Por ello, es crucial que cualquier modificación a la misma sea realizada por los ciudadanos y sus representantes gremiales, no solo por la Comisión que actualmente estudia la ley. Esta comisión, presidida por el periodista Persio Maldonado y compuesta por miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios, ha recomendado cambios a solo cinco artículos (01, 02, 09, 11 y 26) de los 39 que componen la misma.
Aunque no se cuestiona el profesionalismo de los miembros de la comisión ni sus intenciones, pareciera que NO le han dedicado suficiente tiempo a revisar íntegramente todos los artículos a dicha ley. De haberlo hecho, habrían identificado numerosos artículos que también requieren modificación o eliminación. Un ejemplo claro es el artículo 3, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, otorgando un poder desmedido a la DNI y poniendo en riesgo los principios democráticos que han prevalecido en nuestra sociedad.
Pero debieron haberse detenido y mirar el artículo 8, que dice que dicha dirección estará bajo de dependencia del presidente de la República, ¿A caso no lo están todas las direcciones de Inteligencia del Estado Dominicano? Si esa es la excusa para crear dicho organismo de inteligencia, no hay necesidad ello.
Pero, lo mas interesante de todos esos artículos lo constituye el artículo 9, el cual habla sobre las atribuciones de dicha Dirección Nacional de Inteligencia, todas las cuales están consignadas en los diferentes departamentos y direcciones de las instituciones de los cuerpos castrenses.
La realidad es que hay una tendencia en todo el mundo que implica un menor control del Estado de todo lo que se dice y no se dice en los medios de comunicación. La Internet, de forma más especifica, las redes sociales, han venido a democratizar aún mas nuestras sociedades del mundo libre, lo cual aterra, no solo a la clase política de los diferentes países, sino también, a su clase empresarial y oligárquica, la cual quiere seguir teniendo el control de la narrativa en nuestro país.
Es imperativo que se realice una revisión exhaustiva de la Ley 1-24 para asegurar que no se convierta en una herramienta de opresión, sino en un mecanismo que verdaderamente proteja la seguridad nacional sin sacrificar las libertades fundamentales de los ciudadanos dominicanos.