Alimentos podridos, pestilentes y con gusanos eran servidos a presos, pese a inversión multimillonaria

El voluminoso expediente que los implicados, principalmente el exprocurador Jean Alain Rodríguez, actuaron de manera conjunta y en unidad con el firme propósito de favorecer al entramado societario, quienes se apropiaron indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional.

El expediente explica que entregaban en los distintos recintos penitenciarios alimentos incompletos, podridos, pestilentes, con gusanos,  es decir,  no aptos para el consumo humano, violentando la cadena de salubridad y conservación de la alimentación y poniendo en riesgo la salud de los internos de los recintos penitenciarios, la seguridad del personal al servicio de los centros de privación de libertad, y de los internos mismos, a pesar de los pagos de sumas millonarias a favor de las empresas.

Resalta que malversaron  más de dos mil millones de pesos, en pagos a proveedores de alimentos para los recintos penitenciarios en sus dos modalidades, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, que resultaron adjudicatarios de manera fraudulenta al margen de un proceso de compras bajo los rigores legales que establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.

Indica que el primer proceso de licitación pública de alimentos convocado por la nueva gestión, liderada por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, identificado como el proceso PGR-CCCLPN-2016-008-PGR-CCC-LPN-2016-0003, fue por un monto de quinientos millones de pesos dominicanos (RD$ 500,000,000.00), cargado en la plataforma de Compras Dominicanas, adjudicando sumas millonarias a empresas sin experiencia previa en esta área.

“Entre las empresas señaladas públicamente de no cumplir con los requisitos exigidos por el pliego de condiciones, ni tener las condiciones de idoneidad para suministrar alimentos a los recintos penitencias, así como aportar un domicilio falso en los documentos de la licitación, figura la empresa Getrant del Caribe SRL, quien estuvo representada por el acusado Juan Asael Martínez Pimentel, hermano del también acusado César Nicolás Rizik Pimentel, ganando la misma tres lotes de la licitación, a un monto que excede los ochenta y cuatro (84) millones de pesos para suministrar alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, Haras Nacionales, Cárcel Pública de La Victoria, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, Najayo Hombres y Najayo Mujeres, San Cristóbal”, sostiene el expediente del caso Medusa